Entre las consecuencias más notorias, de ser aprobado el Plan B de la Reforma Electoral, destaca que se reduciría la capacidad del INE para instalar las 160 mil casillas necesarias para las elecciones del 2024, advirtió la doctora Esperanza Palma Cabrera, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dijo que las modificaciones que puedan resultar aprobadas a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Plan B, tendrían “repercusiones graves”.
La austeridad no es mala, recortar gastos innecesarios es bueno, es deseable, pero quitar recursos que afecten la buena realización de las elecciones no es algo positivoEsperanza Palma Cabrera<br>Investigadora de la UAM
“La austeridad no es mala, recortar gastos innecesarios es bueno, es deseable, pero quitar recursos que afecten la buena realización de las elecciones no es algo positivo para la democracia, sobre todo considerando que, en nuestro país, la transición a la democracia consistió en la creación de una autoridad electoral neutral que garantizara procesos limpios y competitivos”, dijo.
Miguel Ángel Lara Otaola, especialista líder de los índices del Estado Global de la Democracia (GSoD) en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, dijo: “Lo que ocurre con el Plan B es que reduce la estructura del INE, así como sus facultades de regulación y sanción. En cuanto a su estructura, se reduce el número de comisiones, direcciones y unidades técnicas de la institución, en ocasiones fusionando algunas con funciones diferentes, lo que puede dificultar la gestión interna del instituto”.
Lara Otaola indicó que el principal recorte a la estructura tiene que ver con sus órganos desconcentrados, reduciendo la estructura de sus 32 juntas locales y de sus 300 juntas distritales, que ahora pasan a ser oficinas auxiliares.
“Éstas son las bases que a lo largo y ancho del país permiten la instalación de casillas (centros de votación), la capacitación de ciudadanos, la educación cívica, la actualización del registro electoral y el cómputo de resultados. Las leyes electorales en México incluyen disposiciones para nivelar el terreno de juego entre partidos políticos, y entre partidos políticos y gobierno”, expuso.
Refirió que, para asegurar que haya competencia, se otorga financiamiento público a partidos, se fiscaliza el uso de recursos ordinarios y, en campaña, se brinda acceso gratuito a radio y televisión y se establecen límites a la propaganda gubernamental y al uso de recursos públicos, por lo que de este modo el Plan B también reduciría algunas facultades de regulación y sanción del INE, directamente relacionadas con la equidad de la contienda electoral.
(El plan b) Reduce la estructura del INE, así como sus facultades de regulación y sanción. En cuanto a su estructura, se reduce el número de comisiones, direcciones y unidades<br>Miguel Ángel Lara Otaola<br>Especialista de IDEA
El 6 de diciembre del 2022, el partido Morena presentó a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley con propuestas de reformas cruciales. En la madrugada del día siguiente, Morena impuso su mayoría y aprobó las iniciativas. Estas reformas legales, divididas en dos partes, surgieron a partir del rechazo a la reforma constitucional presentada el 29 de abril del mismo año por el Presidente de la República (el llamado Plan A), y que no alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución.
