El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, ante el “debilitamiento” de las facultades de fiscalización de este órgano a partir de la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, se incrementará el riesgo de la intromisión de dinero ilícito, proveniente del crimen organizado, en las campañas electorales.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, puntualizó a La Razón que la reforma impulsada por el Presidente y respaldada por la mayoría legislativa no contempla nada para fortalecer ni las capacidades de fiscalización, ni los medios que podrían ayudar a atajar algunos de los efectos de la intervención del crimen organizado que podría ser, sobre todo, por la vía del control del dinero.
Precisó que lo relacionado con el crimen organizado y cualquier forma de delincuencia es responsabilidad de las autoridades y órganos de seguridad pública y nacional que deberían, en todo caso, colaborar o apoyar al INE para el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, indicó que en lo que corresponde al uso de los recursos para las campañas, en el Plan B se generan incentivos para burlar la ley, incluso para que la delincuencia organizada lo haga.
“En materia de fiscalización, efectivamente, no hay un reforzamiento de las facultades, más bien hay un debilitamiento de facultades y hay una eliminación de algunas sanciones. Es decir, se crean incentivos para burlar las normas de fiscalización”, declaró.
De acuerdo con el informe sobre los impactos de la Reforma Electoral que realizó el INE, en lo que corresponde a la fiscalización, el Plan B contempla el debilitamiento de las facultades de la autoridad electoral.
El dinero no regulado, el dinero opaco, el dinero no registrado como gasto, puede alterar la equidad en la contienda gravemente y eso sí valdría la pena reforzarJaime Rivera<br>Consejero del INE
Señala que, en principio, se elimina el requerimiento del informe de capacidad económica por parte de los candidatos, por lo que, para realizar su revisión, la Unidad Técnica de Fiscalización tendría que solicitar la información económica a las autoridades hacendarias y bancarias, “lo que demoraría la fiscalización, toda vez que los tiempos de espera de información alcanzan, aproximadamente, dos meses. Lo anterior es incompatible con la fiscalización en tiempo real”.
Además, frena la aplicación de sanciones, lo que lleva a la posibilidad de que los precandidatos sean omisos, dejando sin efectos, por ejemplo, la penalización de la cancelación de candidaturas o que incluso, en el caso de que se rebase el tope de gastos de campaña, no se pueda aplicar la sanción máxima, consistente en la nulidad de la elección.
“La supresión de la mencionada sanción implica un incentivo perverso para los actores políticos, toda vez que, en caso de desplegar precampañas sin que se presente el informe correspondiente ante la autoridad electoral, únicamente generaría la imposición de sanciones económicas, situación que no inhibiría la conducta, ya que los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación”, advierte la autoridad electoral.
Además, señala el análisis del instituto, el Plan B también impide que se sancionen conductas correspondientes a otras autoridades, como el incumplimiento en el pago de impuestos.
Ante este escenario, consultado sobre el tema y las implicaciones para la infiltración de recursos del crimen organizado, el consejero Jaime Rivera indicó que es lamentable que, si la fiscalización es un tema pendiente para hacer a una autoridad más eficaz al verificar la revisión entre el dinero y la política, se sume una estrategia de debilitamiento y de inhibición en las sanciones.
“El dinero no regulado, el dinero opaco, el dinero no registrado como gasto, puede alterar la equidad en la contienda gravemente y eso sí valdría la pena reforzar; no está contemplado, como decía más bien debilita algunas de las facultades y suaviza sanciones”, indicó.
Mencionó que, no obstante, el INE actúa a través de lo que destacó como “una sólida Unidad Técnica de Fiscalización”, para seguir las “huellas del dinero”, incluso en el caso del efectivo.
Explicó que la circulación de recursos en efectivo suele conducir, en el caso de las campañas, a gastos no reportados, porque hay testimonios y evidencias, como la contratación de más propaganda en vía pública, y dijo que esto puede llevar a descubrir “dinero opaco o ilícito”.
Por ello, aseguró que, pese a la Reforma Electoral, “el INE seguirá aplicando las tareas de fiscalización porque esto, el control de la intervención del dinero en la política, que es legítimo dentro de la ley, podría afectar la equidad en la contienda cuando no se regula, cuando no se declara y cuando puede llegar a excesos e incluso a orígenes ilícitos”.
En el mismo sentido se expresó la consejera electoral Carla Humphrey, quien dijo que más allá del dinero del narcotráfico, existen riesgos si se presentan otros casos como el de Amigos de Fox o el Pemexgate y al INE lo dejan sin facultades para sacar adelante una investigación sobre este tipo de financiamiento.
“Olvidémonos de un Amigos de Fox o de un Pemexgate si pasa la reforma como está. Olvidémonos de un Odebrecht que hoy, con sentencias de la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —TEPJF —) obligando la Fiscalía General de la República a darnos esa información, seguimos sin tener esa información”, aseveró.
Coincidió en que el Plan B no robustece la fiscalización y, peor todavía, “no hace nada para limitar que intervengan o tengan injerencia los recursos del crimen organizado, las empresas fachada, la triangulación, las criptomonedas y un largo etcétera”.
“Hay muchos temas muy importantes que dejaron de lado en la propia Reforma Electoral y, aún peor, lo que hacen es limitar la fiscalización, porque limitan los plazos en los que nosotros podemos pedir cooperación o información de otras instancias del Estado mexicano para nuestras investigaciones”, remarcó.
Humphrey observó un detalle particular del Plan B de la Reforma Electoral, pues recordó que quien presentó la propuesta presidencial fue Pablo Gómez, en su calidad de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que cuestionó si ahora eso también es parte de sus atribuciones, “estar redactando la Reforma Electoral y presentándola en las mañaneras”.
