Mariana confió a La Razón que “en los últimos años estuve a favor del aborto, había ido a marchas, pero todo cambia cuando te pasa, tomas más conciencia. No es la salida fácil como dicen; no me arrepiento y no quiero que me hagan sentir culpable”.
“Me hice un test casero porque tuve un sangrado irregular y dio positivo. Tenía miedo, pero estaba segura de que en ese momento no quería ser madre. Por prejuicios no le dije a mi familia”, afirmó con voz pausada la joven de 24 años, del Estado de México, que cambió su nombre para conservar el anonimato.
Pese a que se ha visibilizado el tema en México, aún falta avanzar en materia legal para un acceso equitativo a la interrupción legal del embarazo, coincidieron organizaciones.
“La demanda de aborto legal, seguro y gratuito es cada vez mayor”, aseveró Daniela Tejas, cocoordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social,MARIA.
A nivel federal se considera legal por violación en todos los estados, se califica imprudencial o culposo en 29 entidades; por peligro de muerte, en 24; por alteraciones congénitas graves, en 16; por salud, en 14; inseminación artificial no consentida, en 13, y por causas económicas en dos. Sólo la CDMX y Oaxaca lo han despenalizado y lo permiten hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, el acceso legal sigue centralizado.
En la capital del país, de enero a junio se realizaron seis mil 258 procedimientos a mujeres de 30 entidades, tres mil 976 de ellas eran de la CDMX.
Ante el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Tejas Miguez expuso que según el Consejo Nacional de Población, una de cada cinco mujeres ha tenido un aborto, por decisión o pérdida involuntaria.
“No hay un perfil de mujeres que abortan; identificamos uno de mujeres criminalizadas. Las consecuencias van a ser para las más vulnerables”, dijo en torno a quienes su lengua no es el español, son de zonas marginadas o indígenas.
Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016 las secretarías de Seguridad Pública en 17 estados reportaron 136 personas en prisión por este delito—la mayoría mujeres—.
“Las sanciones se clasifican en penas privativas de la libertad —desde 15 días y hasta seis años—, multas —de 20 a 300 UMA—, trabajo comunitario y tratamiento médico o psicológico”, detalló la organización.
Sin embargo, advirtió que las alternativas a la cárcel “sugieren que abortan por falta de educación o salud, lo cual puede contener una alta carga estigmatizante”.
