Entre 2016 y 2021, se registraron 138 episodios de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a abandonar sus lugares de origen.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los estados con más casos derivados por la inseguridad y que concentran 91 por ciento de este periodo son:
- Chiapas
- Chihuahua
- Durango
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- Sinaloa
El documento titulado “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, señala que pese a que en México no existen registros oficiales sobre los desplazamientos forzados, hay diversos instrumentos estadísticos que permiten una aproximación.
Refirió que en el Censo de Población y Vivienda 2020 se agregó una pregunta sobre la causa de la migración interna e internacional, y dos de las opciones de respuesta fueron: inseguridad delictiva o violencia y desastres naturales, cuyos resultados arrojaron que un total de 262 mil 411 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva o violencia.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) se incluyó la pregunta: “Durante año X, para protegerse de la delincuencia, ¿en este hogar se realizó algún tipo de medida como...”, en la que una de las respuestas fue “cambiarse de vivienda o lugar de residencia”.
De este modo, explica el estudio del IBD, la estimación del total de la población que optó por cambiar de vivienda o lugar de residencia, osciló entre 800 mil y casi 1 millón 800 mil en 2018.
La investigación del Senado señala que pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia,
Refiere que, hasta el momento, sólo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
Menciona que apenas en septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Además, coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República.
CEHR
