Foto: Cuartoscuro
Washington.- Según indica un informe interno de 2011 del Departamento de Estado desclasificado esta semana por la ONG National Security Archive, las autoridades mexicanas intentaron disminuir los crímenes del narcotráfico y su responsabilidad para resolverlos.
El Gobierno de EU afirma que la masacre en 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, es un caso emblemático de la “total impunidad” con la que los carteles operan en varias regiones del país.
“La violencia se extendió en esa frontera y es el reflejo la complejidad del conflicto; la batalla continúa y la situación es volátil”.
El documento señala el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad de perseguir estos crímenes; cita que: “El Gobierno regional promete que va a colaborar con el ejército, pero rápidamente añade que los cárteles son un problema del gobierno federal y que Tamaulipas no tiene los recursos para detenerlos”.
Los informes detallan que la administración del expresidente Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas sistemáticas de inmigrantes centroamericanos; pese a que no es publicitado, el ejército y la marina siguen encontrando fosas con cadáveres; la cuenta se eleva a 196.
Relata que a partir de la masacre de San Fernando, los empresarios y comerciantes empezaron a hablar públicamente sobre la violencia, “algo que rara vez ocurría”; las autoridades locales insistían durante actos públicos que pese a la violencia, Tamaulipas era un lugar seguro para invertir, sin embargo, no aclaraban su plan para garantizar seguridad.
Otro de los documentos subraya la incapacidad del estado mexicano para procesar a muchos de los criminales detenidos; pues sin importar los distintos arrestos, hay muy poca información sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados.
Recuerda la detención de 16 policías de San Fernando acusados de proteger a Los Zetas y subraya que el gobierno de Calderón no difundió la evolución de los cargos que se presentaron en su contra.
Otro documento de 2010 describe a Matamoros, donde ocurrieron 13 asesinatos, lo retrata como un escenario de confrontación en el futuro próximo; narra que esta ciudad fronteriza es el centro de operaciones del cártel del golfo en la zona y un valioso objetivo para Los Zetas.
Las sospechas más graves señalan una cooperación sostenida entre algunos funcionarios y los narcotraficantes; “los agentes de migración y las autoridades locales miran hacia otro lado y en ocasiones, colaboran con los criminales”.
Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció en enero de 2011 que los delincuentes secuestraban a los inmigrantes y les cobraban 2 mil 500 dólares a cambio de su libertad. La CNDH calcula que en los seis meses que duró la investigación los cárteles ganaron 25 millones de dólares solamente en el pago de secuestros.
Washington atribuye en 2010 a “la corrupción generalizada” la incapacidad de la administración de Felipe Calderón para resolver la problemática delictiva y detener la violencia de dichos criminales.
Tres gobernadores de Tamaulipas han sido investigados por vínculos con el crimen organizado.
Según el gobierno estadounidense, el abandono de las autoridades es tal que el impuesto cobrado por el narcotráfico se generalizó en las ciudades más peligrosas; ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsión a los grupos criminales; solamente en Juárez más de 6 mil comercios cerraron entre 2008 y 2010.
