La intervención del gobierno autónomo de Cataluña, en el noreste de España, permitirá que el Estado español controle las finanzas, la policía y los medios de comunicación públicos de esa comunidad.
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del gobierno español pide al Senado se aprueben medidas de intervención, al considerar que las autoridades de Cataluña, al impulsar la independencia, actúan con “desobediencia rebelde, sistemática y consciente”.
La aplicación del artículo 155 constitucional permite al gobierno español una intervención en caso de que un gobierno autonómico desobedezca lo que mandata la Constitución, o actúe en detrimento del interés general de España.
En este caso, el gobierno considera que en su afán de impulsar la secesión, “los gobernantes de Cataluña no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta la democracia española, ni el interés general al que responden las leyes”.
El Senado de España, con mayoría absoluta del gobernante Partido Popular, podría votar el viernes 27 de octubre este paquete de medidas, que incide en áreas que se consideran claves en el impulso del proyecto independentista.
Como primera medida, se pide el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de su vicepresidente Oriol Junqueras y todos los consejeros que conforman el gobierno de la Generalitat.
Para el Parlamento de Cataluña se plantea que lo controle el Senado, que su presidencia no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Genealitat, ni celebrar debate ni votación de investidura, como tampoco iniciativas contrarias a la Constitución española.
La petición al Senado es que corresponda al presidente del gobierno español la competencia para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y, por tanto, la convocatoria de elecciones autonómicas, que deberá ejercerse en el plazo máximo de seis meses.
En materia administrativa, se toma el control de la policía catalana Mossos d`Esquadra, y que en caso de ser necesario, la suplan agentes de las fuerzas de seguridad del Estado español: la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El gobierno español asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
[caption id="attachment_652876" align="aligncenter" width="1000"] Foto: @silviacobo[/caption]
Asimismo se asumen las funciones que tiene asignadas la Generalitat sobre tecnologías de la información, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña.
En materia de comunicación, se asumirán funciones en medios públicos como Televisión de Catalunya (TV3), Radio Catalunya y la Agencia Catalana de Noticias (ACN) para garantizar “la información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”.
El gobierno español, a través de sus ministerios competentes, asumirá las diferentes funciones asignadas a las Consejerías de la Generalitat y departamentos diversos.
Además se asume la facultad de designación de titulares, creación y designación de autoridades o cuerpos necesarios para el funcionamiento del gobierno local, con capacidad de implementar protocolos de actuación para las funciones encomendadas.
El gobierno asume que el incumplimiento de las medidas del presente acuerdo (por parte de funcionarios o trabajadores), se sancionará conforme la legislación vigente en materia de Función Pública, o en su caso su traslado al Ministerio Público.
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