Un juez federal argentino pidió el jueves el desafuero de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994 y traición a la patria, uno de los delitos más severamente castigados por la ley.
A su vez el magistrado dispuso el procesamiento del ex canciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud y la detención del exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D'Elía, quienes fueron arrestados en la madrugada del jueves por fuerzas de seguridad acusados de los mismos delitos, dijo a The Associated Press el fiscal de la causa Eduardo Taiano.
Otro de los detenidos es Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en Argentina, mientras que el juez ordenó el arresto del dirigente social izquierdista Fernando Esteche, quien permanece prófugo.
Taiano dijo a la AP que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”. El delito de traición a la patria contempla una pena de entre 10 y 25 años y el de encubrimiento agravado un máximo de seis.
Bonadío convocó además al exsecretario de la presidencia y extitular del servicios de inteligencia Oscar Parrilli, a varios exfuncionarios de inteligencia y a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros, para “que se presenten en este tribunal, dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se notifiquen personalmente de la presente resolución”, señaló el juez en su resolución difundida por el Centro de Información Judicial.
Fernández juró como senadora nacional la semana pasada para un periodo de seis años. Para poder ser detenida como requiere el juez, se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara.
En una presentación ante el juez Bonadío en octubre la exmandataria (2007-2015) negó en un escrito haber protegido a los acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias. Fernández también acusó al magistrado, quien la investiga en otras causas, de ser parcial y estar manipulado por el presidente Mauricio Macri.
Nisman creía que el memorando de entendimiento firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado a la AMIA era una pantalla para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas.
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