La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción.
El fiscal de delitos electorales, Oscar Schaad, dijo que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general del partido, antes de llegar a ser presidente en 2016; por eso, Schaad no descartó que se soliciten órdenes de aprehensión por el caso. Algunas de las compañías que habrían entregado recursos están vinculadas a alimentos, cemento y otros.
Esta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra al mandatario en este tema. Antes se le acusó dos veces por financiamiento electoral ilícito y una por sobresueldo. Ninguno de los casos pudo investigarse porque aunque la fiscalía y la CICIG pidieron retirar su inmunidad, el Congreso lo protegió.
Schaad explicó que durante su nueva investigación la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: reportado, no reportado, pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); y no reportado y no establecido, el cual era anónimo e ilícito.
“Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación”
Oscar Schaad
Fiscal de delitos electorales
El fiscal también reportó que los involucrados establecieron un mecanismo que canalizó el financiamiento a través de empresas para financiar directamente al partido.
Además, que varias instituciones y empresarios se acercaron a la fiscalía para informar y establecer su responsabilidad. “Para sustentar la investigación se verificó cuentas de partidos políticos, lo que se declaró (los montos), se dio seguimiento a las personas y empresas que aportaron al partido”, añadió.
El dato:
El caso cobra relevancia ya que actualmente los diputados intentan reformar la ley para disminuir las penas y eliminar delitos, cambios que beneficiarían a los empresarios involucrados.
kl
