“Que sepa el mundo lo que una madre en Nicaragua sufre. Me duele el corazón. Me duele el alma. El único ‘delito’ que creo que mi hijo tiene es haber ido a una marcha”, denuncia a AFP María Magdalena Saldaña, mientras se mantiene atada a la reja del penal El Chipote, donde está detenido su hijo desde el 12 de junio, por protestar.
Wilder Octavio García Saldaña es uno de los dos mil manifestantes que ahora están encarcelados por levantar la voz en contra del régimen de Daniel Ortega. “Él levantó la bandera de Nicaragua, que es el símbolo patrio. Queremos la libertad”, afirma a la agencia de noticias francesa la mujer de 75 años.
Wilder fue capturado en su casa durante una redada de la Policía Nacional. Los agentes de seguridad del Estado se lo llevaron sin explicar en qué delito había incurrido. Las autoridades, según Saldaña, tampoco respetaron la orden de excarcelación emitida por un tribunal de apelaciones de Managua.
Braulio Abarca, abogado del reconocido Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dice que en un solo día recibió 28 “denuncias de detenciones ilegales, con golpes, con tratos crueles, inhumanos y degradantes, y con signos claros de tortura perpetrados por la Policía Nacional”.
El Dato: Los detenidos fueron despojados de sus pertenencias y privados de comida y agua, detalla la CIDH, en un informe.
Algunos de los detenidos, explicó Abarca, tienen sólo 15 años. “El delito en Nicaragua es ser joven y defender tu patria”, alerta uno de los muchos carteles que los manifestantes han dejado en la cerca de la prisión.
A unos metros de la encadenada Saldaña, la abuela de 96 años, Anastacia Morales Centeno, diminuta en estatura, se restriega el rostro mientras solloza por su nieto Bernardo. Cuenta que una mañana, temprano, un grupo de paramilitares leales a Ortega lo arrojó a un camión.
“No aguanto ya. No he dormido, estoy pensando en él”, cuenta a AFP, mientras se protege del sol con un paraguas.
“Que sepa el mundo lo que una madre en Nicaragua sufre. Me duele el corazón. Me duele el alma. “El único ‘delito’ que creo mi hijo tiene es haber ido a una marcha”
María Magdalena Saldaña
Madre de preso político
En los primeros días de las protestas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó “un patrón de detenciones masivas y arbitrarias”.
Los detenidos eran a veces despojados de sus pertenencias y privados de comida y agua, detalló la instancia, agregando que algunos habían sido “rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes”.
El subdirector del Cenidh, Gonzalo Carrión, tenía 18 años cuando los sandinistas expulsaron a Somoza, y ahora expresa su conmoción al describir la “tragedia” actual. Esta policía está “al servicio del poder”, manifestó.
Mientras los nicaragüenses lidian con lo que Carrión llama “un Estado de terror”, el gobierno lo niega. En el marco del diálogo mediado por los obispos católicos, el canciller negó la culpabilidad de fuerzas respaldadas por Ortega.
El pasado viernes, el clero anunció que el gobierno y delegados civiles habían llegado a un acuerdo para crear una Comisión de Verificación, a la que fueron invitados organismos internacionales, incluida la CIDH, a investigar la violencia que casi a diario termina en derramamientos de sangre.
Pero Saldaña tiene preocupaciones más inmediatas. “No me iré hasta que él salga de esa prisión”, dice en referencia a su hijo. “Estamos siendo agredidos constantemente”, asegura llorando.
Mercosur exige la paz para Nicaragua
La cumbre de presidentes del Mercosur reclamó ayer, en Paraguay, una solución pacífica para la crisis social y política en Nicaragua; y pidió a Venezuela abrir canales de comunicación para la cooperación humanitaria ante el flujo migratorio.
El bloque aduanero regional —fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se reunió en Luque, ciudad cercana a Asunción, y destacó “la importancia de fomentar la paz, restablecer el clima de convivencia pacífica, respetar la institucionalidad democrática y garantizar el derecho de la ciudadanía a manifestarse” en Nicaragua.
Asimismo, enfatizó su rechazo a todo tipo de violencia, alentó “a retomar el diálogo nacional coordinado por la Conferencia Episcopal con el objetivo de consensuar una solución pacífica” y recomendó “apoyar los esfuerzos de cooperación a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia”.
En cuanto a Venezuela, el grupo exhortó al gobierno de Nicolás Maduro “a coordinar con la comunidad internacional el establecimiento de canales para el acceso de ayuda humanitaria para paliar la crisis social y migratoria”.
