El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, concretó ayer el rompimiento con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU y acusó a la Secretaría General del organismo de “pasividad” al desatender las quejas del gobierno sobre el titular Iván Velásquez.
Morales se presentó ante la prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, exsede del gobierno, acompañado del vicepresidente Jafeth Cabrera y los ministros de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y de Gobernación, Enrique Degenhart, miembros del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
Morales, quien asumió el mandato de cuatro años el 14 de enero de 2016 con el compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, reiteró que por recomendación del CNS se mantiene la decisión de prohibir el ingreso a Guatemala del colombiano Iván Velásquez.
El gobierno guatemalteco negó que este país se haya militarizado por el conflicto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y acusó a esa entidad de la ONU de convertirse en “uno de los aparatos clandestinos” que debía combatir.
El Dato: Una de las acciones de la CIJIG fue la desarticulación en 2015 de un grupo criminal encabezado por el entonces presidente Otto Pérez.
La canciller Sandra Jovel explicó en rueda de prensa que la intención del acuerdo con Naciones Unidas que dio vida a la CICIG “fue la de erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad” que operan en Guatemala. Sin embargo, aseguró que “se convirtió en una estructura paralela, a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir” y la acusó de cometer actos de “intervencionismo” que violan la soberanía de ese país.
Jimmy Morales anunció una semana antes, rodeado de la cúpula militar y de la policía, que su gobierno no renovaría el mandato de la CICIG. En su primera aparición desde ese día, repitió que la presencia de Velásquez pone “en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país”.
La CICIG ha realizado investigaciones que llevaron a prisión o a proceso a políticos, funcionarios, jueces y empresarios. El propio presidente Morales es investigado por el delito de financiamiento electoral en los comicios de 2015.
