El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general, Jeff Sessions, lanzaron fuertes advertencias sobre la amenaza de fraude electoral en las elecciones de hoy, con el único argumento de que el magnate fue víctima de este delito en la elección de 2016, que lo llevó a enfrentar acusaciones de que su gobierno está tratando de intimidar a los votantes.
Como es su costumbre, a través de su cuenta de Twitter, ayer, Trump anunció que la policía ya está “fuertemente notificada” para vigilar la “votación ilegal”.
El dato: No todos los presidentes que llegaron con índices positivos de aprobación a las elecciones de medio término lograron resultados favorables para su partido.
El mandatario reiteró su promesa de que cualquier persona que sea atrapada votando de manera “incorrecta” sería sometida a “Máximas Penas”.
En una declaración donde describe los planes del Departamento de Justicia para proteger las elecciones intermedias, el fiscal Sessions advirtió que “no se tolerará el fraude en el proceso de votación. El fraude también corrompe la integridad de la papeleta”.
En comentarios a los reporteros en su camino hacia un mítin de campaña en Cleveland, Trump también afirmó que el fraude electoral es un lugar común en los procesos electorales recientes de Estados Unidos.
“Sólo echen un vistazo. Todo lo que tienen que hacer es dar una vuelta y ver lo que ha sucedido a lo largo de los años, y verás”.
Aunque no hay evidencias de fraude electoral generalizado en los Estados Unidos, como lo señala Donald Trump, la Casa Blanca ya formó una comisión para estudiar el tema.
Los defensores de los derechos de voto denunciaron los comentarios de Trump como un intento flagrante de intimidar a los votantes en la víspera del Día de las Elecciones, y parte de un patrón entre los republicanos para restringir el acceso al voto con reglas estrictas que afectan de manera desproporcionada a los votantes de color que tienden a votar por los demócratas.
“Me parece que este tipo de conducta es increíblemente antipatriótica”, dijo a The Washington Post Kristen Clarke, quien dirige el Comité de Abogados por los Derechos Civiles en virtud de la Ley, un grupo d que ha desafiado con éxito varias nuevas restricciones del sufragio en todo el país este año.
“En un momento en que necesitamos que nuestra Casa Blanca y el Departamento de Justicia se pronuncien contra la implacable campaña de supresión de votantes en este ciclo electoral, desafía la razón”, declaró.
De acuerdo con el diario capitalino, anticipando posibles problemas en las urnas, los partidos políticos, los grupos de interés y organizaciones de derechos de voto han organizado “búnkers” para ver cómo se desarrollan las elecciones este martes y han reclutado a miles de abogados voluntarios para monitorear los precintos en todo el país.
En su declaración de ayer, Jeff Sessions añadió que el Departamento de Justicia seguirá su protocolo habitual de envío de monitores en todo el país para protegerse contra la supresión de votantes, la intimidación y la discriminación; este año, el personal viajará a 35 jurisdicciones en 19 estados para monitorear el cumplimiento de las leyes de votación.
En los últimos años, los funcionarios del Departamento de Justicia no han enumerado el fraude electoral como una de las principales preocupaciones al anunciar el despliegue de observadores electorales, como lo hizo Sessions.
“Es indicativo de un patrón con este gobierno”, dijo al mismo diario David Vance, portavoz de Common Cause, un grupo de derechos civiles que ayudó a reclutar a 6 mil 500 voluntarios para monitorear los lugares de votación en todo el país el martes.
“Es un esfuerzo por intimidar a los votantes y mantenerlos alejados de las urnas y tratar de dictar qué votantes resultarán y cuáles no. Va en contra de lo que el Departamento de Justicia ha hecho tradicionalmente para proteger a los votantes”.
