Fracasó en su intento de refugiarse en Uruguay para evadir la cárcel en su país, donde se le acusó de ser parte de la red de sobornos del gigante constructor brasileño Odebrecht, en la obra del Metro de Lima, que gestionó durante su segundo mandato; los tribunales le prohibieron dejar el país y ya estaba a la espera de lo inminente, ayer, cuando la policía cumplía con una orden de arresto en su lujosa residencia de Miraflores, uno de los barrios más acomodados de la capital peruana, Alan García, el cuarto exmandatario atrapado por los tentáculos del mismo caso que puso a Lula da Silva tras las rejas, bajaba las escaleras de su casa cuando se enteró que los oficiales ya lo esperaban para esposarlo, volvió a su habitación y se pegó un tiro en la cabeza.
La muerte de García marca el episodio más dramático de una serie de hechos que comenzaron con la captura del también expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia.
Después de Humala, la Justicia buscó a Alejandro Toledo, otro exmandatario peruano que reside en Estados Unidos y sobre quien pesa una orden de captura. Él, como Alan García y Pedro Pablo Kuzchinsky, está acusado de lo mismo: recibir dinero de Odebrecht para financiar sus respectivas campañas presidenciales o por conceder obras de infraestructura.
En marzo de 2018, la investigación precipitó la renuncia del entonces presidente Kuczynski. Justamente la semana pasada se emitió una orden de captura en su contra.
Ayer, la Policía de Lima, que pretendía llevar a Alan García a prisión preventiva, tuvo que trasladar al exmandatario de 69 años al hospital Casimiro Ulloa, a sólo 600 metros de su domicilio y donde ingresó con un diagnóstico de herida de bala con entrada y salida en la cabeza.
El exmandatario, que presidió el Ejecutivo en los periodos 1985-1990 y 2006 -2011, era investigado por presuntamente haber recibido sobornos en la construcción del Metro de Lima, proyecto encomendado a la empresa brasileña.
La orden de detención cautelar, por 10 días en contra de García, idéntica a la ejecutada contra Kuczynski, fue emitida por un juez a petición del equipo especial de la fiscalía para el caso Odebrecht. Pero la investigación no sólo alcanzaba al expresidente, también a los funcionrios que le serivieron en su segunda administración: Enrique Cornejo, ministro de Transportes, detenido ayer mismo; el exsecretario de la Presidencia y ministro de Producción, Luis Nava, y Miguel Atala, vicepresidente de la estatal Petro Perú, quien recibió, presuntamente, 1.3 millones de dólares en sobornos.
El equipo especial de la fiscalía para el caso investigaba a García desde noviembre por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias, es decir, por su participación en la concesión a la empresa y por la percepción de aportaciones irregulares para su campaña electoral.
El pasado noviembre, un juez le dictó la orden de no dejar el país; fue entonces que el exmandatario pidió asilo en Uruguay, cuya embajada en Lima lo recibió mientras se resolvía la respuesta del gobierno de Montevideo; sin embargo, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, le denegó la solicitud dos semanas después.
El otro exmandatario, Alejandro Toledo, es prófugo de la justicia desde 2017. Según consta en la petición de extradición a Estados Unidos, Toledo prometió al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , 6 millones de dólares a cambio de la concesión de obras en la carretera Interoceánica. El testaferro de Toledo, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, admitió que recibió más de 17 millones de dólares de la constructora.
Desde el pasado miércoles, Kuczynski se halla en detención preventiva a petición del equipo especial de la Fiscalía que lo investiga por actos de corrupción supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Toledo, al otorgar dos concesiones a Odebrecht: la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. También le acusan de lavar dinero en agravio del Estado.
La Fiscalía de Perú, tras recabar más pruebas en los últimos días, cerró el pasado lunes la investigación preliminar sobre el expresidente Kuczynski y se disponen a instruir el caso. Por ello solicitó la prisión preventiva de 36 meses. El político tuvo que renunciar a la presidencia, también por el escándalo generado por la presunta percepción de pagos como consultor de Odebrecht, cuando era ministro.
Quien también cumple prisión preventiva de 36 meses, desde octubre pasado, es la excandidata presidencial e hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. La también líder de la oposición peruana enfrenta una investigación por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht.
Su padre cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.
[caption id="attachment_905653" align="alignnone" width="696"] Peruanos lloran la partida del político progesista.[/caption]
Apenas un día antes de suicidarse, Alan García manifestó que los documentos que sirvieron a la Fiscalía como evidencia de transferencias millonarias que lo implicaban, no tenían nada que ver con pagos de soborno en su favor.
“A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus declaraciones y que el señor Barata (presidente de Odebrecht Perú) termine con esta telenovela ante los fiscales. Hoy me encuentro con impedimento de salida del país, que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter; al día siguiente, se quitó la vida.
El Dato: La investigación a Ollanta Humala, en el poder entre 2011 y 2016, por pagos irregulares de Odebrecht a su campaña en 2011, es la más avanzada y está pendiente la acusación fiscal.
