El presidente venezolano Nicolás Maduro expulsó al exjefe de la policía política y a otros 55 militares acusados de estar implicados en el fallido alzamiento militar del 30 de abril, que encabezó el líder opositor Juan Guaidó.
Como parte de las secuelas que desencadenó esa sublevación, Maduro ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes y 36 sargentos, señaló la Gaceta Oficial el miércoles.
Entre los oficiales afectados está el teniente coronel de la Guardia Nacional, Illich Sánchez, quien en los últimos meses tuvo a su cargo la jefatura del comando que da protección a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Sánchez fue uno de los oficiales que acompañó a Guaidó a las afueras de la base aérea generalísimo Francisco Miranda, donde se dio el alzamiento.
Las autoridades brasileñas confirmaron la semana pasada que 25 militares venezolanos se refugiaron tras el alzamiento en su embajada en Caracas sin ofrecer más detalles.
Hasta el momento el gobierno no ha informado sobre el paradero de los 56 militares rebeldes, mientras que la organización humanitaria local Foro Penal denunció la víspera que permanece desaparecido un grupo de militares que participaron en la sublevación.
La decisión de Maduro es percibida como un intento para frenar nuevas sublevaciones y atenuar la crisis política y militar que quedó al descubierto tras el alzamiento y que parecía haber alcanzado a los altos mandos y algunas figuras del gobierno, reconocieron analistas consultados por The Associated Press.
Estados Unidos levantó la víspera las sanciones contra el exjefe de la policía política, acción que fue asumida desde Venezuela como un intento para animar a otros funcionarios aliados a Maduro para rebelarse contra el gobernante.
La salida de Figuera de la dirección del SEBIN fue anunciada el 30 de abril tras el fracasado alzamiento militar. Entonces, sin ofrecer más detalles, Maduro anunció que el general en jefe Gustavo González López regresaba a la dirección de ese cuerpo policial.
Figuera había asumido la jefatura del SEBIN en octubre luego de la remoción del cargo de González López tras el escándalo por la muerte de un concejal opositor que según las autoridades se suicidó en una sede capitalina de la policía política poco después de su detención. La oposición rechazó esa versión y responsabilizó a González López de la muerte.
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia publicó en su página de internet un comunicado en el que informó que una legisladora venezolana, de los siete opositores que fueron acusados la víspera de traición y rebelión, se encuentra en la residencia de su embajador en Caracas.
“La legisladora Mariela Magallanes, una de las destinatarias de las órdenes antes mencionadas que está casada con un ciudadano italiano y está pendiente de reconocimiento de la ciudadanía italiana, se encuentra en la residencia del embajador de Italia en Caracas y se le extenderá toda la posible protección y hospitalidad”, indicó el documento.
El martes el máximo tribunal dijo en un comunicado que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Magallanes serán procesados por los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.
Se agregó que por incurrir en la “comisión flagrante de delitos comunes” no se procederá a realizarle el antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la constitución para retirarles la inmunidad parlamentaria. Horas después, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y a los legisladores ya mencionados para permitir su enjuiciamiento.
El dirigente del partido opositor Acción Democrática, diputado Carlos Prosperi, salió el miércoles en defensa de sus colegas y acusó al Tribunal Supremo se seguir “violando” la constitución y las leyes.
“No nos vamos a doblegar ante las adversidades”, dijo Prosperi a la AP al descartar que las acciones del gobierno vayan a atemorizar a los opositores, e indicó que Ramos Allup y Zambrano, ambos directivos de su partido, se mantendrán en el país y no se refugiarán en ninguna embajada. “Cómo no han cometido ningún delito van a seguir dando la cara”, agregó.
Algunos de los dirigentes procesados habían aparecido junto a Guaidó durante el fallido alzamiento militar a las afueras de una base aérea de Caracas.
El mismo miércoles más tarde, el máximo tribunal anunció en un comunicado que abrió un proceso judicial a otros tres diputados opositores por respaldar la sublevación militar: Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía por incurrir en la “comisión flagrante” de los delitos de "Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública. A los tres diputados les seguirán un proceso similar que al de otros siete colegas.
Tras la escalada de las tensiones políticas por las acciones contra los opositores, Guaidó, de 35 años, retó el miércoles al gobierno y dijo durante una visita a su estado natal de Vargas que “vamos a continuar”. El político, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, afirmó que como Maduro ya “no tiene mando ni respeto” su única respuesta es la “persecución”.
Con información de Notimex
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