El concepto se resume en lo siguiente: cuando una persona decide abandonar su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitir a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.
La idea surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951.
Pero no basta con tener buena voluntad para ser considerado como tercer país seguro. Según la Convención de Ginebra, hay ciertas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría.
La fundamental es el principio de “no devolución”, el cual garantiza que los solicitantes de asilo no sean retornados a su país de origen.
Además, deben asegurar el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, el derecho a la reunificación familiar y que los solicitantes tengan un vínculo cercano con ese tercer país.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala que un país solo puede transferir la responsabilidad de acogida a otro país si ambos tienen sistemas de asilo que cumplen los mismos estándares.
La aplicación del concepto está sujeta a la premisa de que el solicitante va a ser admitido en el tercer país.
Históricamente, este principio ha sido aplicado generalmente en el seno de la Unión Europea.
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