Luego de que Donald Trump anunciara que las negociaciones con Guatemala -para que se convirtiera en tercer país seguro- habían fracasado y que amenazara con imponer aranceles o impuestos a las remesas, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, responsabilizó a la Corte de Constitucionalidad por haber impedido que su Gobierno declarara a Guatemala como un "tercer país seguro".
A través de un video difundido en sus redes y transmitido en cadena nacional, Morales acusó, “lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, sin las facultades para entrometerse en política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales”.
Agrega que antes de la postura de la Constitucional, las negociaciones de trabajo conjunto entre Guatemala y Estados Unidos para atender de "manera urgente" la migración irregular, se estaban consolidando con apego a su legislación y velando por la defensa de la soberanía nacional.
Acusa a los magistrados de la Constitucional de “tomar decisiones que ponen en peligro la excelente relación bilateral con nuestro principal socio económico (EU)".
Analistas señalan que Morales pasa de largo que por mandato constitucional, un convenio binacional debe ser sometido y aprobado previamente por el Congreso. Lo que hizo el Constitucional no fue impedir tal acuerdo, sino recordarle al presidente que debe someterse a lo establecido en la legislación.
En el video difundido, Morales señala que lo peor de todo “... es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomaron decisiones que hoy ponen en peligro la excelente relación con EU”.
“Para que quede muy claro, el Organismo Ejecutivo siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo, ahora espero que cada actor involucrado asuma su responsabilidad”, insistió el mandatario.
#EnVivo | Mensaje a la nación del presidente @jimmymoralesgt. http://t.co/hSFPLk9B4d
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 24, 2019
También reprochó a los excancilleres y exembajadores de Guatemala en Washington y al procurador de los Derechos Humanos, a quienes llamó “actores mezquinos” que buscan atentar contra la gobernabilidad.
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