La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda federal contra la decisión del gobierno de Donald Trump de ampliar radicalmente la autoridad de deportación, argumentando que viola derechos constitucionales y puede generar equivocaciones, como la expulsión de ciudadanos estadounidenses.
En un escrito, la ACLU calificó de “drástica” e “ilegal” la política que permite a agentes de inmigración deportar a migrantes sin presentarlos ante jueces.
Antes, la política se aplicaba a quienes fueran detenidos a 160 kilómetros de la frontera y tuvieran en el país menos de dos semanas, pero el mes pasado, el gobierno de Trump anunció que los agentes de inmigración pueden hacer aplicarla en cualquier parte de Estados Unidos a quien viva sin permiso desde hace menos de dos años.
La ACLU, junto con el American Immigration Council, alega que la nueva medida concede esencialmente a los agentes de bajo nivel la autoridad para deportar indiscriminadamente a cualquier persona sin la evaluación conveniente, incluida una audiencia o tener un abogado.
“Un proceso cerrado sin un escrutinio externo siempre será arbitrario”, declaró Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, y agregó, “nunca habrá comprobación y abrirá demasiado margen para el error”.
La demanda incluye varios ejemplos en los que los agentes federales, en uso de su autoridad inicial para aplicar la “deportación expedita”, expulsaron equivocadamente a ciudadanos estadounidenses, incluida una que tenía problemas mentales.
La mujer no convenció a los agentes de inmigración de que era una ciudadana estadounidense que regresaba de visitar a sus parientes en Jamaica y la deportaron.
La demanda, presentada a nombre de grupos defensores de inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida, señala a los titulares del Departamento de Seguridad Nacional y de varias agencias bajo la supervisión de ese organismo.
Entre estas figuran el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
Deportación expedita
La llamada autoridad de “deportación expedita” concede al personal de inmigración amplias facultades para expulsar a migrantes salvo contadas excepciones, entre ellas si la persona manifiesta temor de regresar a su país y aprueba una entrevista inicial para solicitar asilo.
La política, puesta en marcha desde 1996, se ha convertido en parte central de las acciones policiales contra los migrantes en la última década.
El presidente Trump anunció inicialmente que ampliaría la autoridad de deportación poco después de asumir el cargo como parte de su promesa de combatir la inmigración ilegal.
El mes pasado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, consideró esa mayor autoridad una manera de abordar la “actual crisis en la frontera sur”, pues liberaría espacio en los centros de detención y reduciría el atraso en las cortes de inmigración.
Sin embargo, los detractores afirman que esa política concede demasiada autoridad a los agentes de inmigración y podría alentarlos a capturar a inmigrantes de manera indiscriminada.
Numerosos abogados de inmigración se movilizaron debido al anuncio y recomendaron a sus clientes que reúnan cuanta documentación les sea posible para mostrar que han permanecido en Estados Unidos.
Alrededor de 300 mil inmigrantes que viven sin permiso en el país podrían ser afectados, según el Migration Policy Institute, un organismo apartidista. En la demanda se afirma que están en peligro las personas con residencia permanente y los solicitantes de asilo.
“Cientos de miles de personas que viven en todas Estados Unidos enfrentan el peligro de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso”, declaró Balakrishnan.
“Esta es una intensificación drástica —e ilegal— de las agresiones del gobierno contra las comunidades inmigrantes”, agregó.
Con información de AP
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