El sueño de Trump para hacer cumplir su política dura antiinmigrante sólo puede ser posible si desaparece de la ley un conjunto de acuerdos, normas y protocolos que salvaguardan los derechos humanos de quienes, considera, amenazan la seguridad de la primera potencia mundial.
Ayer, la Casa Blanca dio un paso significativo para desmantelar el blindaje legal a niños, adultos y familias indocumentadas: eliminar el Acuerdo Flores, vigente desde hace más de 20 años y que prohíbe al gobierno detener a menores inmigrantes más de 20 días; además de obligarlo a hallarles una custodia segura.
Para Trump, el Acuerdo Flores no hace más que alentar a muchas personas de México y Centroamérica, sobre todo miembros de grupos delincuenciales, a ingresar a EU sin documentos, pues las leyes impiden su deportación inmediata.
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Éste no es el único protocolo legal que la administración Trump intenta derribar para liberar su dura política nacionalista. El magnate ya le declaró la guerra a otros dos instrumentos que lo tienen atado de manos: se trata del Acuerdo Zadyvas, firmado en 1997, que indica que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede mantener a un no ciudadano bajo custodia, a menos que presente claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.
También está la Ley para Prevenir el Tráfico Humano, decretada en 2008 y que bloquea cualquier posibilidad de deportar de manera inmediata a menores indocumentados; también exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración, un proceso que puede demorar meses, incluso años.
La pragmática de Trump en inmigración busca que los procesos para expulsar a extranjeros sean más acelerados. Al deshacerse del Acuerdo Flores, extenderá el tiempo de detención de niños y familias de manera indefinida, pues, asegura, impedirles la libertad los hará arrepentirse de entrar al país.
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La decisión es un cambio trascendental en la política de detención. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el demócrata Bennie Thompson, criticó que la medida pondrá aún más estrés en el sistema de inmigración y aumentará el caos. “La administración Trump encontró un nuevo mínimo en su continuo trato despreciable de niños y familias migrantes. Terminar el Acuerdo Flores es ilegal y va en contra de nuestros valores sobre el tratamiento de menores”, escribió en un comunicado.
La regla se publicará en el Registro Federal este viernes y entrará en vigencia 60 días después; sin embargo, esto es poco probable, ya que, primero, tendrá que enfrentar una serie de desafíos en la Corte.
Según los términos del decreto de consentimiento del Acuerdo Flores, la regulación debe ser aprobada por la jueza Dolly Gee, del Tribunal de Distrito de California, designada por el expresidente Barack Obama, quien ya negó esta misma solicitud a Trump el año pasado.
SUAVIZA EL GOLPE CON ESTRATEGIA “MÁS HUMANA”. Ayer, en el lanzamiento de los nuevos lineamientos migratorios, el secretario de Seguridad Nacional de Trump, Kevin McAleenan, pintó un cuadro ideal de lo que serán los centros de detención con esta nueva norma.
“Por ejemplo, el primer centro residencial familiar en Berks, Pensilvania, tiene una suite para cada familia (que se alojará) por separado. Se proporcionan muebles, ropa de cama, toallas y artículos de tocador”, dijo McAleenan.
El funcionario agregó que las instalaciones incluirían atención médica y salas educativas, así como actividades de ocio.
Pero el gobierno apenas tiene espacio para camas de 2 mil 500 a 3 mil individuos en unidades familiares en los niveles de financiamiento actuales, una fracción del número de centroamericanos que solicitan asilo cada mes.
El Dato: Ayer, el magnate adelantó que ya analiza terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados con una orden ejecutiva.
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