En un golpe que ya estaba sobre aviso por parte de opositores venezolanos y el Grupo de Lima —un bloque de naciones unidas contra la crisis en el país sudamericano—, los cancilleres que conforman el pacto de defensa interamericano aprobaron, ayer, activar el tratado en Venezuela, con el objetivo de “actuar colectivamente” para contrarrestar al gobierno de Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo.
Así lo informó el ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, uno de los actores más reacios contra el chavismo. “En la reunión de consulta de ministros de Exteriores, actuando como Órgano de Consulta del TIAR, se discutió la resolución y, puesta a consideración esta resolución, aprobada con 16 votos a favor”, detalló el representante, ayer.
Aunque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) prevé acciones de tipo militar, para el caso venezolano se concentrará en “identificar” y perseguir a “personas y entidades asociadas al régimen de Maduro que estén vinculadas”, además, con “actividades ilícitas, corrupción o violaciones a los derechos humanos para sancionarlas”.
A las personas que serán investigadas por el TIAR, de hallarles lazos con el crimen organizado, por ejemplo, serán acreedoras de la retención y congelación de los activos que puedieran poseer en los países integradores del mecanismo.
Las acciones que se tomen contra funcionarios de Maduro “contarán con el fundamento del TIAR y gozarán con la legibilidad que el derecho internacional nos otorga”, señaló el funcionario.
Holmes Trujillo sostuvo que la crisis venezolana se debe a la “sistemática violación de derechos humanos y la convivencia de Maduro con organizaciones terroristas”.
El TIAR fue firmado en 1947, en un intento de conformar un instrumento defensivo que pudiera ser invocado por cualquier país del continente ante el ataque a cualquiera de sus miembros. Fue uno de los primeros acuerdos defensivos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, y se adelantó, por dos años, al Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Inicialmente fue firmado por 21 naciones, aunque algunos países decidieron abandonarlo tras numerosas instancias en las que no fue aplicado, con lo que perdió su legitimidad.
Venezuela dejó el TIAR en 2012, junto con Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, pero la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y declarada en desacato por Maduro, aprobó el regreso del país al tratado.
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