En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, y grupos movilizados afines al expresidente Evo Morales se enfrentan en las calles, en un ánimo que, según el exmandatario asilado en México, desatata el temor de que estalle una guerra civil.
Como ocurrió con el ultimátum que opositores dieron a Morales para que renunciara, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, aliada del expresidente, emplazó ayer a Áñez a dejar el cargo en 48 horas.
El dato. Cortes en carreteras ya provocan escasez de combustibles y alimentos. Los mercados están desabastecidos, mientras frutas y verduras se pudren en las regiones productoras.
En un cabildo, líderes cocaleros también exigieron el “repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas a sus unidades militares, para evitar más muertes”; de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre manifestantes y el Ejército dejaron al menos 23 fallecidos y más de 700 heridos. Los grupos que simpatizan con Evo atañen el saldo de la violencia a la presidenta interina.
Un decreto firmado por la autoproclamada líder, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal, en caso de que actúen en “legítima defensa o estado de necesidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció “la gravedad” de este decreto e indicó que la medida “desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y, por su estilo, estimula la represión violenta”.
“Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos”, agregó el organismo.
Desde su asilo en México, el expresidente Evo Morales aseguró que cuenta con “información de primera mano” de que hay “paramilitares organizados” y “pandilleros y drogadictos pagados por la derecha boliviana” para cometer actos violentos en las calles.
En tanto, la Coordinadora de Cocaleros se mantivo firme en mantener “el bloqueo de caminos, de las carreteras interdepartamentales e interprovinciales a nivel nacional de manera indefinida, hasta que sus demandas sean atendidas”.
Asimismo pidieron a la comunidad internacional intervenir para que “de manera inmediata investiguen y sancionen a los autoridades intelectuales y materiales” de lo que llamaron asesinatos contra miembros de la comunidad indígena.
El enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una “mesa de diálogo” a dirigentes y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, con apoyo de los obispos católicos.
En el bando gubernamental existe el temor de que los “masistas” debatan la renuncia de Morales a la presidencia del país, en una sesión del Congreso (que controlan), ya que este necesario trámite no ocurrió, con lo que podrían rechazar la dimisión y habilitar al mandatario para regresar desde su exilio en México.
“Buscan entorpecer la gestión transitoria. Si no se avienen a un acuerdo, la presidenta Áñez podría convocar a elecciones por decreto”, comentó a AP el diputado oficialista Gonzalo Barrientos. Las elecciones deben ser convocadas por ley, lo que hace imprescindible el apoyo del MAS. Pero los oficialistas dicen que hay jurisprudencia a su favor.
La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas contra de Morales, a quien acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario, la semana pasada, ahora son sus seguidores están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras en contra de Áñez para pedir que Morales recupere el poder.
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