La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que negocia con las distintas fuerzas políticas para convocar quizá el mismo miércoles a nuevas elecciones presidenciales, en un intento por contener la crisis política que ha derivado en bloqueos y enfrentamientos, con un saldo de al menos 30 fallecidos.
“Queremos que cese la violencia”, dijo Áñez a periodistas, el mismo día que las autoridades buscaban reanudar la distribución de combustible en el país, incluido desde un depósito de El Alto -que abastece a la capital política del país- y que se ha vuelto el más reciente símbolo de la lucha que libra el gobierno interino con los seguidores del expresidente Evo Morales.
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Mientras desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se exhortaba a las autoridades interinas a convocar “urgentemente” a las elecciones, Áñez dijo que sostiene negociaciones con varios actores, incluidos los miembros de la bancada legislativa mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) - el partido de Morales-, para acordar una ley mediante la cual se llame a los comicios.
“Si Dios lo permite, hoy lanzaremos la convocatoria a elecciones como todo el país demanda”, dijo. “Lo haremos en acuerdo con aquellos que quiera enriquecer el proyecto”.
Si no llega a un acuerdo, colabores de Áñez han dicho que el gobierno interino emitiría un decreto unilateral con una fecha para las elecciones.
Desde México, donde se encuentra asilado, Morales dijo en rueda de prensa que si ayudan a pacificar el país, las nuevas elecciones son bienvenidas, al tiempo que llamó a crear una “comisión de la verdad” que investigue los comicios del 20 de octubre, que según la oposición y una misión de observación de la OEA estuvieron marcadas por diversas irregularidades.
Morales renunció hace poco más de una semana y desde entonces ha habido manifestaciones prácticamente a diario. Las más recientes confrontaciones ocurrieron en El Alto, donde manifestantes bloquearon una planta de distribución de combustible, la cual recuperaron soldados y policías para reanudar la entrega de gasolina.
El Defensor del Pueblo informó el miércoles que en las confrontaciones en El Alto hubo seis fallecidos.
El barrio Senkata, en El Alto y donde se encuentra la planta de distribución, parecía en guerra el miércoles.
Un puente de concreto estaba caído en medio de la carretera y los escombros de los muros derribados con explosivos por manifestantes llegaban al interior de la planta, mientras la gente buscaba a sus familiares en hospitales cercanos.
En 2003, en medio de una revuelta popular, uno de cuyos líderes era el entonces dirigente cocalero Evo Morales, un operativo de desbloqueo de esa misma planta derivó en la muerte de más de 65 manifestantes y provocó la dimisión y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“A los muertos los llevaron a la planta (de combustible), ahora no hay. Que se investigue, pedimos justicia”, agregó con la voz entrecortada Helena Vargas.
Policías y militares encontraron resistencia en los manifestantes que desde hace varios días mantienen un cerco humano a la planta. Los seguidores de Morales volaron un muro con dinamita y una pasarela de concreto, dijo el ministro de Defensa, Fernando López.
“Estamos ante hordas vandálicas que pretendían volar la planta con explosivos, lo cual hubiera ocasionado una tragedia de magnitud”, explicó en rueda de prensa.
Su colega de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a Morales de “sedición” y mostró a la prensa un video en el que supuestamente desde México, el líder político, instruye a uno de sus seguidores a mantener “cerco a las ciudades”.
El gobierno asegura que los manifestantes, que exigen la renuncia de Áñez y el regreso del exmandatario, son pagados por exfuncionarios de Morales. La policía informó que detuvo a varios con mochilas llenas de dinero.
La de Senkata es la única planta que abastece de combustible y gas doméstico a los más de dos millones de habitantes de La Paz y El Alto.
La falta de combustible empeoró la situación en ambas urbes. El transporte es escaso, la basura se amontona en las calles, las filas para abastecerse de carne y otros productos son interminables y los bloqueos de carreteras impiden el ingreso de alimentos, pudieron observar periodistas de AP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a los militares que apoyan el control de la seguridad interna.
Según analistas el país quedó partido en dos tras el fin del ciclo político que lideró durante casi 14 años el primer presidente indígena, que tuvo una buena gestión económica pero salpicada por casos de corrupción, autoritarismo y su ambición por reelegirse aun cuando la constitución y un referendo de 2016 le negaban esa posibilidad.
Los esfuerzos para establecer un diálogo entre ambas partes con la mediación de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europa y los obispos católicos todavía no han arrojado resultados debido a la intransigencia de las partes.
Murillo, acusó al exministro Juan Ramón Quintana de operar las protestas y dijo que el gobierno no dará un salvoconducto a los tres exministros de Morales refugiados en la embajada de México en La Paz si no ordenan el repliegue de los manifestantes.
Opositores se manifestaron en la puerta de esa embajada para exigir que México no los proteja.
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