La política antiinmigrante del presidente Donald Trump falta a los acuerdos internacionales que signó Estados Unidos, en el marco de la defensa a los Derechos Humanos en Naciones Unidas, en particular la Convención sobre Refugio de 1951, que lo obliga a respetar, entre otras cuestiones, el principio de no devolución de inmigrantes que soliciten protección.
Al menos hasta julio, el Departamento de Seguridad Nacional de EU devolvió a poco más de 42 mil inmigrantes que solicitaron asilo, todos fueron llevados a estados mexicanos fronterizos, donde esperan respuesta a su trámite.
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Ayer, la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) denunció a los agentes fronterizos estadounidenses por negar la entrada a solicitantes de asilo, una medida que, aseguró, pone en peligro a miles de personas, entre ellas familias con niños, e incumple las normas internacionales.
En una revisión del tratado de 1951, las restricciones impuestas por la administración Trump faltan al menos a cuatro artículos: el tercero, que establece la prohibición de la discriminación, cuando a las personas que piden protección se topan con el rechazo del país receptor por razones de raza, religión o país de origen —en EU, la negación está especialmente recargada con familias centroamericanas—; el 31, que rechaza la imposición de sanciones penales —la Casa Blanca encargó al FBI que fiche, como al resto de los criminales, a personas que ingresen de manera ilegal, incluso si hizo un trámite de refugio—; el 32 y 33, que se refieren a que los Estados receptores no expulsarán al refugiado, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público, y el 36, que entabla el compromiso de las naciones a informar sobre sus normas y leyes a la ONU, a cuenta de verificar que no contravengan con las convenciones.
“El rechazo de Trump a solicitantes de asilo es un ejemplo más de su campaña para aniquilar esta protección. La prohibición de devolverlos a donde huyen forma parte de las obligaciones del Derecho Internacional”
Clara Long
Investigadora para el programa para EU de Human Rights Watch
HRW recordó que todos los países —firmantes o no de la Convención sobre Refugio de 1951— están obligados a respetar, al menos, el principio de no devolución —la obligación que tienen los gobiernos de no retornar a personas a un país donde corren el riesgo de ser perseguidas, torturadas o de recibir un trato inhumano—.
En este punto, HRW detalló que en abril de 2018 agentes de inmigración estadounidense llevaron a cabo una política de “medida” que consistía en que permitían entrar a un número limitado de solicitantes de asilo al día, en el ánimo de regular el flujo excesivo al país.
“El rechazo de la Administración de (Donald) Trump a los solicitantes de asilo en la frontera es un ejemplo más de su campaña para aniquilar esta protección”, afirmó la investigadora del programa para Estados Unidos de HRW, Clara Long.
“La prohibición de devolver a refugiados al país de donde huyen, también en la frontera, forma parte de las obligaciones del Derecho Internacional”, recordó.
Human Rights Watch instó al Congreso de Estados Unidos y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a investigar el tratamiento de la administración Trump a los solicitantes de asilo en la frontera con México.
También, exigió a los agentes de fronteras que garanticen un trato que cumpla con los estándares internacionales.
