Este lunes el gobierno de España ha expulsado de su territorio a tres diplomáticos bolivianos, en respuesta a la decisión de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de declarar personas no gratas a la encargada de Negocios de la Embajada de España en Bolivia, Cristina Borreguero; y al cónsul, Álvaro Fernández.
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La decisión dada a conocer este 30 de diciembre por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez incluye la expulsión de choferes y personal de seguridad español involucrado en el incidente ocurrido el 27 de diciembre afuera de la Embajada de México en Bolivia, así como a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado.
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En respuesta, el gobierno español adoptó la misma medida y ordenó la expulsión de funcionarios del gobierno interino de Bolivia.
“En reciprocidad” a su “gesto hostil” de declarar ‘persona non grata’ a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, que deben abandonar La Paz en un plazo de 72 horas, anunció la misma medida sobre los diplomáticos bolivianos Luis Quispe Condori, encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado militar y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado policial.
A través de un comunicado , el Poder Ejecutivo precisó que España desea seguir manteniendo unas relaciones “estrechas de amistad y solidaridad” con el país y “pueblo hermano” de Bolivia y manifestó su “pleno apoyo” a que su “voluntad democrática se exprese por los cauces legalmente establecidos”.
Tras recordar que España ha sido siempre un país “abierto” a los ciudadanos bolivianos, cuya comunidad está integrada en nuestro país por cerca de 200.000 personas “plenamente integradas”, rechazó “tajantemente” cualquier “insinuación” sobre una “supuesta voluntad de injerencia" por parte de Madrid en la política interna de Bolivia.
Previo a esta decisión, el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, había mantenido una actitud cautelosa de no confrontación con el gobierno de facto que sucedió a Evo Morales en el poder.
Apenas un día antes, como lo dio a conocer primero La Razón, 6 funcionarios españoles que laboraban para la Embajada de España en Bolivia habían sido retirados de sus funciones, con la orden de salir del país andino.
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De acuerdo a Jeanine Áñez los diplomáticos mexicanos y españoles involucrados en el incidente ocurrido el 27 de diciembre afuera de la Embajada de México "lesionaron gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y el gobierno constitucional de Bolivia".
"La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias", declaró Áñez.
jmg