Un juez federal bloqueó este miércoles un decreto del presidente Donald Trump que autorizaba a gobiernos estatales y locales rechazar a refugiados, y que había suscitado un fuerte debate sobre los límites de la hospitalidad de Estados Unidos.
Una acción que la Casa Blanca calificó de ridícula, además de asegurar que prevalece los derechos de migrantes y no los de los ciudadanos estadounidenses.
El juez federal Peter Messitte, en Maryland, dijo en su fallo que la orden del presidente “contraviene la intención clara legislativa” de la Ley de Refugiados de 1980 al autorizar a gobiernos estatales y locales a oponerse a la reubicación de refugiados en sus jurisdicciones.
En esta orden preliminar, Messitte dijo que el proceso de refugio debe continuar como ha permanecido durante casi 40 años y en el que las agencias de ubicación de refugiados deciden dónde podría prosperar una persona.
Ante la orden de Trump, el Church World Service (Servicio Mundial de Iglesias), Lutheran Immigration and Refugee Service (Servicio Luterano de Inmigración y Refugio), y HIAS —una organización judía sin fines de lucro— interpusieron la demanda el 21 de noviembre en Greenbelt, Maryland.
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Estas organizaciones dijeron que trabajan estrechamente con autoridades estatales y locales antes de reubicar a refugiados en alguna zona, además dijeron que el decreto era un intento por prohibir a los refugiados en cada estado de Estados Unidos.
El juez Messitte coincidió con los demandantes: la orden de Trump "les concede poder de veto. Punto", escribió el juez.
La orden de Trump, emitida en septiembre que entraría en vigor en junio, obligaba a las agencias a tener la aprobación por escrito de las autoridades estatales y locales antes de asentar a los refugiados en sus jurisdicciones. Trump señaló haber actuado por respeto a las comunidades que consideran que carecen de empleos y recursos suficientes para recibir a refugiados.
En tanto, la Casa Blanca dijo en un comunicado que el fallo era "ridículo" y que el Congreso, de acuerdo con la Ley de Refugiados, concedió al presidente la autoridad sobre el proceso de reubicación de refugiados.
“Otra corte federal anárquica ha reafirmado su política preferida de inmigración y no las leyes de Estados Unidos y, al hacerlo, despojó a millones de ciudadanos estadounidenses de su voz y opinión en un asunto vital que afecta directamente a sus comunidades”.
Con información de AP
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