Con el argumento de que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, y que tanto él como sus aliados robaron miles de millones de dólares al país sudamericano, para llevar droga a Estados Unidos, el Departamento de Justicia en Washington ordenó la captura del presidente venezolano y de una decena de funcionarios allegados a él.
La difusión coordinada de acusaciones formales, así como recompensas que suman 55 millones de dólares en contra del líder chavista y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que el fiscal estadounidense, William Barr, describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluidas sus fuerzas armadas y el Poder Judicial, bajo dominio de Maduro.
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Una de las imputaciones presentadas por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, su segundo al mando, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del Ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de la nación”.
Los actos criminales relacionados con la confabulación de drogas y armas, que datan del inicio de la revolución del fallecido presidente Hugo Chávez, ocurrieron en lugares remotos de Siria, México, Honduras e Irán, según la acusación formal.
Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año, provenientes de Sudamérica.
"Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”
William Barr
Fiscal de Estados Unidos
Maduro respondió al contraacusar a Estados Unidos y a Colombia de conspirar: “ya han dado la orden de llenar de violencia a nuestra Venezuela”.
Su más alto fiscal también anunció una investigación en contra del líder opositor, Juan Guaidó, a quien EU reconoce como presidente legítimo de Venezuela, luego de que una de las personas nombradas en las acusaciones de narcotráfico, el general retirado del Ejército, Cliver Alcalá, dijera en una entrevista radiofónica que firmó un contrato con el líder opositor y sus “asesores” estadounidenses, para comprar fusiles de asalto a EU, últiles en un eventual golpe de Estado contra Maduro.
El equipo de Guaidó dijo que nunca se ha reunido con Alcalá, quien ha vivido en Colombia desde 2018, a pesar de que previamente fue sancionado por Estados Unidos, también por narcotráfico.
“Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente”, tuiteó Maduro, ayer.
Al darse a conocer las imputaciones, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, dijo que ofrecería recompensas en efectivo a cambio de información que lleve al arresto o condena de Maduro y al de todos sus allegados.
“El régimen de Nicolás Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, declaró el fiscal Barr en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.