Pocos o casi ningún ámbito de la vida han quedado exentos de la influencia del Covid-19: economía, política, ecología, cultura, sociedad… y una amplia lista han reflejado consecuencias del aislamiento producido por esta enfermedad infeccionsa que cubre a casi todo el planeta.
Los temas de seguridad, desde luego, no han sido la excepción. En una ruptura de la normalidad, organizaciones y personajes vinculados al trasiego de drogas, la extorsión y hasta el terrorismo se han movilizado para aislar de la pandemia a los bastiones o sectores que asumen como propios.
De ahí que se les vea, incluso, promoviendo tareas de prevención sanitaria, ordenando toques de queda y hasta repartiendo víveres, una acción que, según expertos, para nada tiene que ver con la contribución social o la preocupación ciudadana.
Consultado por La Razón, el profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Arturo Alvarado, explicó que una respuesta general al comportamiento de estos grupos, desde un punto de vista economicista, es la protección a las redes de control de estas organizaciones.
“Responde a sus intereses, a la necesidad de proteger a sus territorios, a sus espacios, a sus trabajadores, a sus propios líderes”, consideró el experto en justicia, derechos humanos y seguridad, quien enfatizó que estas conductas están lejos de traducirse en políticas solidarias o de contribución social, ya que no son una reacción directa a la preocupación ciudadana sino a la de la pérdida de sus capitales.
Por ejemplo, “en ciudades como Sao Paulo, los narcotraficantes han declarado toques de queda que aplican sólo en los barrios donde se encuentra su red, no en todas las comunidades”.
En México, al menos dos cárteles de la droga proporcionaron paquetes de ayuda a residentes en lugares parcialmente controlados por los grupos armados. En Michoacán, un video identificó a supuestos integrantes del llamado cartel de Los Viagras en campañas de entrega de despensas.
El profesor investigador, no obstante, advirtió que es necesario tener cuidado en valorar la información que fluye sobre las acciones de estos grupos frente a la pandemia, ya que, en primer lugar, se han conocido a través de una propaganda dudosa: rumores expuestos en Internet, mantas en las calles y anuncios de ciertos colectivos que conducen a la población al miedo. En segundo lugar, no es la primera vez que lo hacen, sino que ha sido su manera de afianzar su control en los lugares que disputan.
“Son formas clientelistas ya viejas a las que acuden los líderes criminales: reparto de despensas, regalos en las escuelas el Día del Niño, incluso construcción de escuelas o iglesias. Este fenómeno no es exclusivo de la pandemia”, esbozó.
Para Alvarado, también es preciso diferenciar entre las organizaciones propiamente criminales —como el narco o las pandillas armadas en El Salvador—, de las células insurgentes que han participado de actividades ilícitas o terrorismo, como el régimen talibán o el Estado Islámico, que cuentan con gobiernos propios y que compiten con los Estados en la administración social de las zonas que pretenden.
Estas últimas también han tomado algunas posiciones respecto a la crisis sanitaria, en sitios donde la guerra ha borrado por completo los sistemas de salud, y donde la enfermedad viral también arriesga a sus militantes y cabezas de sus determinadas misiones extremistas.
A continuación te presentamos algunos de los ejemplos más emblemáticos, donde el COVID-19 ha puesto en pausa o en jaque la orden el día de quienes se encuentran en la mira de las justicias nacionales e internacionales.
Narco en las favelas
“CUALQUIERA QUE SE QUEDE AFUERA SERÁ CASTIGADO”
Los narcotraficantes en una de las favelas más conocidas de Río de Janeiro impusieron un toque de queda en medio de los crecientes temores sobre el impacto que podría tener el coronavirus.
A medida que el número de muertos aumenta, medios brasileños han informado cómo miembros de pandillas circulan en la favela Cidade de Deus (Ciudad de Dios) en el oeste de la ciudad, para vigilar que los residentes respeten el toque de queda impuesto por los jefes criminales, “como medida de prevención”.
El barrio que en 2002 saltó a la fama por el éxito de taquilla homónimo, Fernando Meirelles, se convirtió en la primera zona en registrar un caso de coronavirus. Y en un aparente intento de prevenir infecciones, los líderes de la banda del Comando Rojo, que controlan la favela, ordenaron en encierro a los vecinos.
En redes sociales circuló un video grabado en la Ciudad de Dios, que muestra a un altavoz que transmite la alerta: “Cualquiera que se encuentre jugando o caminando afuera será castigado”.
En marzo pasado, el periódico local Extra informó que los miembros de pandillas se movían por la Ciudad de Dios con ruidosos vehículos que replicaban el siguiente mensaje a los 40 mil habitantes: “Estamos imponiendo un toque de queda porque nadie se está tomando en serio (el coronavirus). Es mejor quedarse en casa y relajarse . El mensaje ha sido dado”.
Los gángsters de la Ciudad de Dios no son los únicos criminales que han intentado evitar que el coronavirus derrumbe su negocio en las favelas densamente pobladas de Río de Janeiro, que albergan unos 2 de los 7 millones de residentes de la ciudad.
En Morro dos Prazeres, los pandilleros decidieron que las personas sólo pueden circular en grupos de dos, mientras que en Rocinha, una de las favelas más grandes de América Latina, los traficantes también decretaron el toque de queda.
En Santa Marta, una favela que se ubica justo debajo de la estatua del emblemático Cristo Redentor, los traficantes reparten jabón y colocan letreros cerca de una fuente de agua pública que dicen: “Lávese las manos antes de entrar".
Un informe de la ONU, en mayo, encontró que la producción y distribución de cocaína parece estar interrumpida en los países productores de América Latina. Esto, sumado a la escasez de heroína en Europa y Norteamérica, ha causado que sus consumidores recurran a prácticas aún más peligrosas.
Las Maras
POR LA SALVACIÓN DE LAS PANDILLAS
En este pequeño país de América Central, las pandillas parecen compartir el objetivo de evitar que el COVID-19 se propague a gran escala, pues quizá esto también signifique su fin.
El pasado 21 de marzo, el actual presidente Nayib Bukele, quien tiene los mejores índices de aprobación ciudadana por su drástica respuesta a la pandemia, que la ha valido críticas por violaciones a los derechos humanos, anunció una orden de permanencia en el hogar de 30 días, que requirió además un cierre de negocios no esenciales.
Desde entonces, los medios nacionales informaron que la policía detuvo a cientos de personas por violar la cuarentena. Estos operativos han encendido la alerta entre organizaciones criminales como MS-13 y Barrio 18, quienes, con tal de evitar la presencia policial, se han dedicado a castigar a las personas que no sigan las órdenes de cierre en los lugares donde ellos operan.
Durante el primer mes de la orden de cierre, la policía y otras fuerzas de seguridad patrullaron principalmente las carreteras principales y evitaron entrar en los callejones estrechos de las comunidades controladas por pandillas. Sin embargo, después del aumento de homicidios a fines de abril, Bukele desplegó fuerzas de seguridad en comunidades con presencia de las maras y las autorizó a usar la fuerza letal.
Los maras quieren evitar a toda costa una infección, ya que tienden a evitar hospitales por temor a que el personal médico los denuncie. Los pandilleros también piensan que al ser perseguidos por el Estado se les negará el tratamiento.
Las decisiones de los líderes criminales para imponer toques de queda y cuarentenas han sido vistas como medidas de autoprotección y no como una forma de salvar a sus comunidades, para las que aún representan un cáncer de amplio arraigo, que ha costado miles de muertes.
Como resultado del cierre de negocios, algunas pandillas decidieron dejar de exigir pagos de extorsión a empresas locales y compañías de autobuses, sus fuentes habituales de efectivo, de acuerdo con varias víctimas que hablaron de la situación a medios locales. Algunos, incluso, negociaron acuerdos para reducir y retrasar el cobro de “cuotas”, dada la movilidad restringida y el miedo al contagio.
La mafia
EL CRIMEN SE APROVECHA DE LOS POBRES
La mafia en Italia no se ha quedado atrás cuando el país en el que operan resultó ser el principal foco pandémico, después de que el COVID-19 trascendió las fronteras chinas. Miembros de estos grupos delictivos aprovecharon la necesidad de muchas personas pobres para mostrarse como una especie de “héroes”, en medio de una falta de liquidez.
En una conferencia de prensa, el pasado 7 de abril, Nicola Gratteri, fiscal en la ciudad de Catanzaro, en el sur de Italia, anunció que los grupos criminales también sufrían los embates de la crisis, pero que no se han quedado quietos para que su negocio se sobreponga.
“Las mafias están sufriendo emergencias como nosotros, ha habido una reducción de 75 por ciento en la delincuencia. Sin embargo, tratarán de aprovechar la situación. Las mafias están presentes donde hay necesidad y emergencia”, dijo.
Según el investigador, el objetivo es que después de que se levante la cuarentena y los italianos regresen poco a poco a la normalidad, su red de apoyo e influencia crezca, gracias a la empatía generada con la entrega de comida gratis y otros insumos.
Con el apoyo estratégico a los sectores que viven en pobreza, que alcanza a alrededor de 13 por ciento de la población italiana, las mafias aseguran que después de la pandemia tendrán oportunidad de lavar dinero con los pequeños negocios, tener más vendedores minoritarios de droga o ayuda para evadir a la justicia.
En abril, cuando la enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus arrasaba al país, el alcalde de la ciudad de Palermo, Leoluca Orlando, advirtió que “una guarida de chacales de la mafia” estaba preparada “para explotar la desesperación de los nuevos pobres por el coronavirus”.
Otros funcionarios locales llegaron a sugerir que la mafia podría proporcionar sus propios préstamos o pagos en efectivo para socavar al gobierno actual.
Al Qaeda
COMPETIR CON EL ESTADO
Al-Shabab, un grupo armado somalí, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, estableció un centro para tratar el coronavirus en el cuerno de África, una región cuyo sistema de salud quedó destruido por años de Guerra Civil, sin hablar de la pobreza extrema que cubre a la mayor parte de su población.
"El comité de prevención y tratamiento de coronavirus de Al-Shabab abrió un centro COVID-19", anunció el grupo en una transmisión en sus redes de difusión.
La “clínica” de Al-Shabab se estableción en la ciudad de Jilib, a unos 380 kilómetros al sur de la capital somalí, Mogadiscio.
Durante más de una década, el grupo ha luchado para derrocar al gobierno central, respaldado por la facción Occidente de Somalia, y establecer su propio gobierno basado en su estricta interpretación de la ley islámica.
Con frecuencia lleva a cabo bombardeos y ataques con armas de fuego contra objetivos militares y civiles, incluidos hoteles, intersecciones y puestos de control.
De acuerdo con la agencia Aljazeera, en la transmisión radial que anunció las medidas sanitarias de Al-Shabab, un hombre que se identificó como Sheikh Mohamed Bali agradeció al grupo terrorista por tomar acciones frente a la pandemia y llamó a las personas que tuvieran síntomas a informar a militantes del grupo, mientras que otra persona, quien no se identificó, aseguró que el centro de atención estaba listo con vehículos para transportar a pacientes sospechosos de coronavirus que soliciten atención.
Estado Islámico
“LOS SANOS NO DEBEN ENTRAR A LA TIERRA DE LA PANDEMIA”
En marzo pasado, cuando el brote de coronavirus comenzaba a crecer desde Irán, la organización yihadista, que llegó a ocupar varios territorios de Medio Oriente y que reivindicó varios ataques en Europa, emitió una alerta de viaje a sus militantes como medida preventiva ante el COVID-19, incluso estableció una serie de directivas para que las pocas comunidades que le quedan bajo su control se mantuvieran al margen.
Gracias al coronavirus, Europa quedó fuera de la mira de ISIS, ya que exigió a sus filas no viajar a los países afectados. El viejo continente llegó a erigirse como el máximo foco de contagio en el mundo, con Italia y España liderando las cifras mortales y de contagios a nivel mundial.
Aunque el EI mantiene su objetivo contra el mundo occidental, en uno de sus últimos comunicados adaptó la ley islámica “sharia” con el virus que apareció por primera vez en China.
En el texto difundido en el boletín de noticias Al-Naba, instó a sus miembros a “cubrirse la boca al bostezar y estornudar” e hizo hincapié en el lavado de manos frecuente. El documento se refiere a la pandemia como una “plaga” y “una tormenta enviada por Dios a quien Él quiera”. Además, reafirma que el profeta Mahoma advirtió que “las enfermedades no atacan por sí mismas sino por orden y decreto de Dios”.
Sobre los viajes a Europa, el comunicado yihadista ordenó que “los sanos no deben entrar en la tierra de la pandemia”.
Talibán
ORILLADO A COOPERAR CON EL GOBIERNO
Protagonistas de una serie de ataques terroristas en Pakístan y Afganistán y conocidos por negarse a entregar al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, a Estados Unidos, el movimiento insurgente que lucha por el poder de Afganistán ha aprovechado la crisis sanitaria para erigirse como una mejor alternativa de gobierno.
En marzo pasado, pusieron en marcha una campaña contra el virus, para demostrar que son capaces de administrar el país mejor que el gobierno actual, respaldado por Estados Unidos.
Varias imágenes en medios regionales dieron cuenta de la distribución de mascarillas y jabón entre algunas comunidades afganas, donde se vio a militantes de la organización ataviados de mascarillas y trajes de protección; tomaban la temperatura a las personas y les daban orientación sobre higiene, junto a las armas que caracterizan sus operaciones.
Afganistán tiene oficialmente casi 28 mil enfermos de COVID-19 y unos 3 mil fallecidos. Miles de infectados viven bajo el régimen talibán, que controla tres cuartas partes del país.
Los casos conocidos de la enfermedad son probablemente muy inferiores a la realidad, ya que sólo se hacen pruebas de detección en 20 por ciento de las personas con sospecha, en un país que ha vivido cuatro décadas de una guerra que destruyó las infraestructuras sanitarias.
La enfermedad llegó por el Oeste, cuando decenas de miles de migrantes afganos volvieron del vecino Irán. Los talibanes ordenaron entonces la cuarentena obligatoria a centenares de personas.
En algunas zonas bajo su control permitieron que el gobierno respaldado por Washington vigilara la propagación del virus, un raro ejemplo de cooperación entre los dos campos en conflicto.
