Este martes, Amy Coney Barrett prestó juramento formal como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ante el presidente del tribunal, John Roberts. Sus primeros votos podrían incluir dos temas importantes para el presidente que la designó.
La Corte estudia una apelación del presidente Donald Trump para impedir que el fiscal de Manhattan obtenga sus declaraciones de impuestos. También sopesa apelaciones de la campaña de Trump y los republicanos para abreviar el plazo para recibir y contar votos en ausencia en los estados disputados de Carolina del Norte y Pennsylvania.
No hay certeza de que Barrett participe de esos casos, pero la decisión es suya.
Barrett fue confirmada el lunes por el Senado por 52 votos contra 48 correspondientes a los bloques de los partidos. Iniciará su labor en la Corte Suprema el martes después de prestar el segundo de dos juramentos que la ley federal requiere a los jueces. Ningún otro juez ha asumido en vísperas de una elección presidencial ni abordado asuntos vinculados de manera tan directa con la fortuna política y personal del presidente.
A sus 48 años es la jueza más joven desde que Clarence Thomas entró en 1991 a los 43 años.
Hay otros asuntos electorales pendientes ante el tribunal, que la semana entrante entenderá en una causa que enfrenta los derechos LGBTQ con la libertad religiosa. La suerte de la ley de reforma al sistema de salud pública aprobada durante la presidencia de Barack Obama estará en juego el 10 de noviembre. “Espero que le pongan fin”, dijo Trump en una entrevista por televisión.
El viernes, Barrett, la más franca oponente del derecho de aborto que entra en la corte en las últimas décadas, podría opinar sobre la prohibición de aborto de 15 semanas de Mississippi. El estado apela los fallos de tribunales inferiores que anularon la prohibición.
Barrett se negó a aceptar el reclamo demócrata de que se aparte de cualquier causa controvertida, incluso una posible disputa postelectoral sobre los resultados de las elecciones.
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