La ley de aborto de Argentina entró en vigor este domingo bajo la atenta mirada de grupos de mujeres y funcionarios gubernamentales, que esperan garantizar su plena implementación a pesar de la oposición de algunos grupos conservadores y eclesiásticos.
Argentina se convirtió en la nación más grande de América Latina en legalizar el aborto electivo luego de que el Senado aprobara el 30 de diciembre una ley que garantiza el procedimiento hasta la semana 14 de embarazo, para casos de violación o cuando la salud de la mujer está en riesgo.
La votación fue aclamada como un triunfo para el movimiento feminista del país sudamericano que podría allanar el camino para acciones similares en la región socialmente conservadora y fuertemente católica.
Pero el Papa Francisco había emitido una apelación de último minuto antes de la votación y los líderes de la iglesia han criticado la decisión. Los partidarios de la ley dicen que esperan demandas de grupos antiaborto en las provincias conservadoras de Argentina y que algunas clínicas de salud privadas podrían negarse a llevar a cabo el procedimiento.
“Tenemos otra enorme tarea por delante”, dijo la ministra de Mujer, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, quien reconoció que habrá obstáculos para la plena implementación de la ley en todo el país.
Gómez Alcorta dijo que se instalará una línea telefónica “para que se comuniquen quienes no pueden acceder al aborto”.
La Iglesia católica argentina ha repudiado la ley y grupos de médicos y abogados conservadores han instado a la resistencia. Los médicos y los profesionales de la salud pueden alegar objeción de conciencia a la realización de abortos, pero no pueden invocar el derecho si la vida o la salud de una mujer embarazada están en peligro.
Una declaración firmada por el Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y otros grupos exhortó a los médicos y abogados a “resistir con nobleza, firmeza y coraje la norma que legaliza el abominable crimen del aborto”.
El grupo antiabortista Unidad Provida también instó a los médicos, enfermeras y técnicos a luchar por su “libertad de conciencia” y prometió “acompañarlos en todos los juicios que sean necesarios”.
Según la ley, los centros de salud privados que no tienen médicos dispuestos a realizar abortos deben remitir a las mujeres que buscan abortos a clínicas que sí lo hagan. Todo funcionario público o autoridad sanitaria que retrase injustificadamente un aborto será sancionado con pena privativa de libertad de tres meses a un año.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un grupo que agrupa a organizaciones que durante años lucharon por el aborto legal, a menudo vistiendo pañuelos verdes en las protestas, se comprometió a "seguir controlando el cumplimiento de la ley".
“Confiamos en las redes feministas que hemos construido durante décadas”, dijo Laura Salomé, una de las integrantes del movimiento.
