El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes al Departamento de Justicia que ponga fin a su dependencia de las prisiones privadas y reconozca el papel central que ha desempeñado el gobierno en la implementación de políticas de vivienda discriminatorias.
En comentarios antes de firmar las órdenes, Biden dijo que el gobierno de Estados Unidos necesita cambiar "todo su enfoque" sobre el tema de la equidad racial. Agregó que la nación es menos próspera y segura debido al flagelo del racismo sistémico.
“Debemos cambiar ahora”, dijo el presidente estadounidense. “Sé que llevará tiempo, pero sé que podemos hacerlo. Y creo firmemente que la nación está lista para cambiar. Pero el gobierno también tiene que cambiar".
Biden ascendió a la presidencia durante un año de intenso ajuste de cuentas sobre el racismo institucional en Estados Unidos. Las medidas anunciadas el martes reflejan sus esfuerzos por cumplir con los compromisos de campaña para combatir la injusticia racial.
La orden para poner fin a la dependencia de las cárceles privadas ordena al fiscal general que no renueve los contratos del Departamento de Justicia con centros privados de detención de delincuentes. La medida efectivamente revertirá al Departamento de Justicia a la misma postura que tenía al final de la administración Obama.
"Este es un primer paso para evitar que las corporaciones se beneficien del encarcelamiento", dijo Biden.
Los más de 14 mil presos federales alojados en instalaciones administradas de forma privada representan alrededor de 9 por ciento de los casi 152 mil presos federales encarcelados actualmente.
La Oficina Federal de Prisiones ya había optado por no renovar algunos contratos de prisiones privadas en los últimos meses, ya que la cantidad de reclusos disminuyó y miles fueron puestos en confinamiento domiciliario debido a la pandemia de coronavirus.
GEO Group, una empresa privada que opera cárceles federales, calificó la orden Biden como “una solución en busca de un problema".
“Dados los pasos que la BOP ya había anunciado, la Orden Ejecutiva de hoy simplemente representa una declaración política, que podría tener serias consecuencias negativas no deseadas, incluida la pérdida de cientos de puestos de trabajo y un impacto económico negativo para las comunidades donde se encuentran nuestras instalaciones, que ya están luchando económicamente debido a la pandemia de COVID ”, dijo un portavoz de GEO Group en un comunicado.
David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, señaló que la orden no pone fin a la dependencia del gobierno federal de los centros de detención de inmigrantes de gestión privada.
“La orden firmada hoy es un primer paso importante para reconocer el daño que ha sido causado y tomar acciones para repararlo, pero el presidente Biden tiene la obligación de hacer más, especialmente dada su historia y promesas”, dijo Fathi.
Rashad Robinson, presidente de la organización nacional de justicia racial Color of Change, expresó su decepción porque la acción policial no se abordó en la acción ejecutiva.
"Las órdenes ejecutivas del presidente Biden de no renovar los contratos con las prisiones con fines de lucro y de investigar la discriminación en la vivienda provocada por las políticas de la administración Trump brindan importantes pasos hacia adelante, pero no van lo suficientemente lejos", dijo Robinson, quien señaló que esperaba que Biden se hubiera movido restablecer una política de la era de Obama que prohíbe la transferencia de equipo militar a los departamentos de policía locales.
Más allá de pedir al Departamento de Justicia que frene el uso de cárceles privadas y aborde la discriminación en la vivienda, las nuevas órdenes volverán a comprometer al gobierno federal a respetar la soberanía tribal y negar la discriminación contra la comunidad asiáticoamericana e isleña del Pacífico por la pandemia del coronavirus.
Biden ordenó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) en un memorando que tomara medidas para promover una política de vivienda equitativa. El memorando pide que HUD examine los efectos de las acciones regulatorias de Trump que pueden haber socavado las políticas y leyes de vivienda justa.
Meses antes de las elecciones de noviembre, la administración Trump revocó una regla de la era de Obama que requería que las comunidades que deseaban recibir fondos de HUD documentaran e informaran patrones de prejuicio racial.
