Usando como principal prueba los tuits de Donald Trump, demócratas en la Cámara de Representantes apuntan a su condena e inhabilitación al advertir que “no hay defensa para su conducta”.
Pese al riesgo de no alcanzar los votos suficientes, acusaron al exmandatario de usar a simpatizantes como “cañón” contra el Capitolio y provocar enormes heridas a la reputación del país tras la toma del recinto el pasado 6 de enero.
Tras un recuento de las declaraciones del magnate, reproducidas por medios de comunicación, y que se volvieron más incisivas a partir de la elección del 3 de noviembre del año pasado, los legisladores insisten en castigar la rebelión de Trump por poner en riesgo la seguridad nacional, “traición de proporciones históricas”, socavar la democracia previo a la votación y hasta el escrutinio y cometer delitos graves al cierre de su gestión.
En los argumentos de 80 páginas contemplan que no se puede dejar atrás un evento como el del Capitolio, que causó cinco muertos, y se debe sentar un precedente para que ningún presidente incite de nuevo a una turba incendiaria para actuar contra la autoridad alegando un supuesto fraude electoral, del que nunca mostró pruebas, pero sí demandas, mismas que fueron desestimadas.
Agregaron que sin las declaraciones de Trump esta irrupción ante la transición de poder sería imposible de imaginar, pues fue él quien prácticamente “armó un barril de pólvora y lo encendió”.
“El Senado debe dejar en claro que está dispuesto a proteger a Estados Unidos de un presidente que provoca violencia para trastocar nuestra democracia”, se lee en las conclusiones del texto al explicar que no condenarlo es dar vía libre a otros mandatarios.
Los demócratas afirman que el expresidente es el único e inconfundible responsable de la toma del Capitolio, pues la evidencia muestra que alentó a una multitud armada —con pistolas, explosivos, cuchillos y cinchos para asegurar a rehenes— para realizar actos violentos tras reiteradas acusaciones de un supuesto amaño para favorecer a Joe Biden, hecho por el que intentó anular de múltiples formas la elección.
Coincidieron en que después de que sus amenazas, hostigamientos, despidos y reiterados llamados a “hallar un fraude” a funcionarios electorales, del Congreso y del Departamento de Justicia fracasaron, incluido tachar de enemigos a quienes no lo respaldaban, optó por jugarse su último intento para retener el poder, por ambición, y envalentonó a una turba de extremistas que atendió su llamado a hacer un “gran rally de protesta” y siguió sus instrucciones de “luchar hasta el infierno” pues sólo sus seguidores “podían detener el fraude masivo”. Incluso se reveló que los manifestantes contaban con planos del Capitolio, que tras la violencia se ha convertido en una fortaleza.
Incluso, rememoraron a los impulsores de la Constitución del país al señalar que ellos condenarían lo que provocó Trump, pues el objetivo de contar con una Carta Magna fue evitar este tipo de abusos y actos de “rebelión” por parte de un funcionario, así como establecer equilibrios y controles.
Por ello, reiteraron que se requiere una condena y alejarlo de futuros cargos, luego de reiterados abusos del poder y no actuar como la presidencia lo demanda, en medio de uno de los peores episodios en la historia de EU, pues nunca se pronunció en contra de las acciones violentas.
Apelan a Primera Enmienda
Los abogados de Trump basan la defensa en que su cliente ya no es mandatario y no puede ser juzgado por el Senado.
Los defensores Bruce Castor y David Schoen descartaron en un documento de 14 páginas la responsabilidad del republicano en los hechos del pasado 6 de enero al afirmar que las declaraciones que hizo previo a la toma del Capitolio están protegidas por la Primera Enmienda, contrario a lo que señalan los demócratas.
Reiteran en que su llamado fue para defender la seguridad electoral, no para atacar el recinto ni interferir con los resultados electorales, pese a que en ese momento se realizaba la certificación de los mismos.