El actual jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, realizó un esfuerzo por proteger a los agentes involucrados en el asesinato de un mexicano que en 2010 fue electrocutado en repetidas ocasiones con una pistola paralizante mientras estaba bajo custodia por intentar cruzar la frontera de México a California.
El documento involucra la muerte de Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, quien fue golpeado y electrocutado en varias ocasiones mientras estaba tirado en el puerto de entrada de San Ysidro en San Diego.
Como resultado de la violencia ejercida sobre Anastasio Hernández, el hoy fallecido, obtuvo cinco costillas rotas, daño cerebral y otras lesiones, según documentos judiciales.
La autopsia hecha al cuerpo de Anastasio Hernández, concluyó que las descargas, aunadas al esfuerzo físico y al uso de metanfetaminas, contribuyeron a su muerte por un infarto.
Y en 2012 su muerte atrajo un intenso escrutinio, luego de que el video de un testigo presencial que se transmitió por PBS mostrará a Hernández en estado de shock mientras yacía en el suelo, rodeado por una docena de agentes migratorios.
De acuerdo con los documentos judiciales, ocho oficiales y agentes de la Patrulla Fronteriza y otras agencias reconocieron haber usado la fuerza mientras que otros nueve estaban presentes.
“Más que nada, quiero una disculpa por lo que los agentes fronterizos le hicieron a mi esposo”, dijo la viuda de Hernández, Maria Puga, en un comunicado emitido por la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, de la Universidad de California.
“Lo trataron como a un animal, no como un humano y lo mataron. Destruyeron a mi familia y continúan destruyendo a otras familias. No se detendrán hasta que se les haga responsables ”, sentenció.
Los correos electrónicos en busca de comentarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no fueron respondidos de inmediato el jueves por la noche.
A solicitud de la familia, el caso está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de Estados Americanos que ha examinado abusos a los derechos humanos, incluyendo masacres y desapariciones, principalmente en Centro y Sudamérica.
Es la primera vez que la comisión examina las denuncias de un homicidio extrajudicial que involucra a una agencia de aplicación de la ley estadounidense.
El fallo de la comisión no tendrá fuerza legal en Estados Unidos, pero una decisión negativa podría tener un impacto simbólico e internacional en la reputación de Estados Unidos.
Se basa en declaraciones juradas de tres exfuncionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para afirmar que los funcionarios difundieron una narrativa falsa de que Hernández fue combativo, borraron algunos videos del incidente y obstruyeron investigaciones criminales mientras realizaban sus propias investigaciones que "no tenía un propósito legítimo o legal".