El Papa Francisco reformó el Código de Derecho Canónico para incluir nuevas reglas en torno a las casos de abuso sexual cometidos por integrantes de la Iglesia al reconocer que estos delitos ocurren también contra adultos, la existencia del grooming —táctica de engaño de clérigos—, y nuevas figuras delictivas, así como la ampliación al periodo de prescripción para denunciar los crímenes.
En un cambio histórico, que comenzó hace más de una década en la gestión de Benedicto XVI, el Pontífice explicó que estas medidas responden “a la exigencia de la Iglesia en todo el mundo” al reconocer que los depredadores también atacan a mayores de edad, abusando de su poder e intimidando a sus víctimas.
En un artículo en cuestión se lee que estos delitos se dan en su mayoría “por la fuerza, amenazas o abuso de autoridad”.
Además, se establecen mejoras “desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho a una defensa, la prescripción de la acción penal y una determinación más precisa de las penas”; aunque no se determinó a cuánto tiempo se extiende el término para poder acusar a un religioso por estos actos.
Ante los escándalos y actos degradantes por parte de integrantes de la Iglesia católica, Francisco indicó que este sector requería endurecer las normas disciplinarias contra quienes cometen este tipo de agresiones sexuales y también contra quienes las encubren, al calificarlo de presunta negligencia; medidas que quedan establecidas en mil 750 artículos de la sección seis del código clerical.
Incluso, insistió que esta reforma, que entra en vigor el próximo 8 de diciembre, es una manera en la que el Vaticano enmienda el daño ocasionado a todas las víctimas y las deficiencias en el manejo de los casos de abuso y pedofilia. Esto en referencia a la discrecionalidad de la Iglesia, que permitía a los delincuentes eludir un castigo, y a errores cometidos como calificar de pecaminosas las relaciones sexuales entre clérigos y adultos, pero no como un delito.
También da un nuevo panorama en materia de orden y justicia, para romper el punto ciego en el que se mantenía el Vaticano; con ello abre paso a garantizar que se actuará contra quienes incurren en estos delitos, sean obispos o superiores religiosos o ni sean sacerdotes.
Es decir, que los responsables serán destituidos y recibirán penas justas de acuerdo con la gravedad de la agresión o si el delito lo justifica, lo que incluye también agravantes por pornografía, acciones que comenzarán a aplicar en medio año. Cabe destacar que ser removido es una de las sanciones más severas en el derecho canónico, luego de considerar que este sector tiene la responsabilidad de imponer sanciones a los fieles, por ello también debe ser expuesto a castigos por su mala conducta.
Además, al seguir la línea para corregir el mal manejo de las denuncias, se busca acelerar los procesos para que todas las víctimas denuncien y eliminar las limitaciones contra sus defensores, pues antes se realizaban trámites engorrosos.
En el texto se detalla que ante los escándalos se considera que son actos punibles todos los acercamientos a menores sobre exploración sexual o para inducirlos a participar en pornografía.
Asimismo, la cabeza del Vaticano destacó que este código, actualizado por última vez en la era de Juan Pablo II, “introduce diversas modificaciones a la ley vigente y sanciona algunos nuevos delitos penales”, pues después de 14 años se necesitaba una revisión a profundidad.
Esto luego de considerar que todas las modificaciones buscan proteger a la comunidad católica e indemnizar los daños por las vías correspondientes, pues en algunos casos se usaban los pagos para callar a las víctimas.
ntb
