Acinco meses de las elecciones en Nicaragua, la Policía del presidente Daniel Ortega irrumpió en la casa de la opositora y aspirante al Gobierno, Cristiana Chamorro Barrios, luego de que la Fiscalía solicitara su inhabilitación.
Los hechos fueron denunciados por su hermano el periodista y director de El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, a través de redes sociales, y por varios contactos de la también periodista y precandidata, por presunto lavado de dinero.
Ambos revelaron que elementos antimotines irrumpieron ayer en la vivienda de la exlíder de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) con extrema violencia alrededor del mediodía, minutos antes de que ofreciera una conferencia de prensa virtual, misma que ya estaba pactada para responder a los señalamientos en su contra.
Con dichas acciones, evitaron este acto, en el que la opositora se pronunciaría en contra de las medidas adoptadas por aliados de Ortega, quien busca su cuarta reelección, en torno al intento de frenar a potenciales rivales, a sólo unas horas de que Chamorro Barrios acudiera a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad para inscribirse al proceso interno.
Horas después del allanamiento, ordenado por la jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría, afín a Ortega, tras la solicitud del Ministerio Público un día antes, se confirmó que la precandidata a la presidencia permanecerá bajo arresto domiciliario por presuntas irregularidades en su gestión al frente de la organización señalada.
Esto mientras continúan las averiguaciones por el expediente en su contra, por lo que su residencia permanece bajo resguardo de la Dirección de Operaciones Especiales, cuyos efectivos fueron acusados de agredir a varios periodistas que cubrían el hecho y a familiares de Chamorro. Incluso, el reportero Wilfredo Miranda detalló en redes sociales que fueron retenidos por los uniformados para evitar que quedara registro gráfico del cateo.
Al respecto, su hermano detalló que después de varias horas Cristiana sigue incomunicada y los policías la dejaron “bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada”.
Además, se reportó que civiles armados, quienes presuntamente llegaron para reforzar a la Policía, tomaron fotografías de los testigos, por lo que temen represalias. Estas acciones se han replicado en los últimos días, como cuando la Policía irrumpió en las oficinas de la Fundación que dirigía la opositora y allanó las instalaciones de El Confidencial, hechos en los que periodistas que cubrieron los cateos acusaron a los uniformados de quitarles hasta sus teléfonos.
De acuerdo con un tribunal de Managua, capital nicaragüense, Cristiana Chamorro, quien según encuestas locales lidera las preferencias rumbo a las elecciones, es señalada por delitos como “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos y en prejuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad” durante el periodo 2015-2019, luego de una revisión de obligaciones financieras.
Con ello, autoridades oficialistas buscan evitar la postulación de Chamorro —quien en su cuenta de Twitter recordó antes del registro a su vivienda que aún no es candidata oficial—, pues aseguran que “no está en pleno goce de derechos políticos”, bajo la justificación de que hay un proceso penal en curso en su contra.
Además, se reportó que la Fiscalía también solicitó la retención migratoria de sus colaboradores, la periodista Lilly Delgado y los exembajadores de la FVBCh, María de Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano.
En respuesta, críticos al Gobierno y juristas recordaron que sólo se le pueden retirar sus derechos a quienes han sido condenados, incluso calificaron estas acciones como “una cadena de ilegalidades y arbitrariedades”; mientras que su hermano calificó estos actos como “una aberración jurídica”.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció que prohibir la participación de opositores en las elecciones sólo refleja el temor de Daniel Ortega de perder el poder, luego de su visita a Centroamérica.
Previamente, la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU llamó a cesar el hostigamiento a opositores y periodistas y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó el abuso de la Fiscalía contra una adversaria del presidente: “Rechazamos la extralimitación de funciones y prohibición de concurrir a reuniones”.
