La estrategia de Estados Unidos para contener la migración centroamericana se basa en dos ejes: atender problemas económicos y sociales y frenar la corrupción para evitar la salida de ciudadanos de la región, muestra de ello es la inversión de 88 millones de dólares para Guatemala.
En su primer viaje internacional, Harris, delegada por el mandatario Joe Biden para atender el tema migratorio, delineó que estos recursos permitirán abordar el problema desde todos sus frentes, al recordar que se requiere una visión integral en economía, seguridad y gobernabilidad, para que ningún ciudadano tenga que huir de su hogar en busca de mejores condiciones de vida y de seguridad.
Luego de reunirse con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó que destinarán 40 millones de dólares a empoderar a mujeres jóvenes en esta nación, al reconocer que son el grupo más afectado por la desigualdad, pero reiteró a los migrantes el llamado de Biden y del Departamento de Seguridad “no vengan a Estados Unidos”.
Dicho monto, explicó, se entregará a lo largo de tres años, aunque no especificó cómo se dividirán los pagos, para dar oportunidades de empleo y crecimiento, así como para garantizar su acceso a la economía, justicia y educación, así como servicios sociales y sanitarios.
En tanto, los 48 millones restantes permitirán elevar las condiciones y oportunidades económicas en el país a través de programas para incentivar el desarrollo y la innovación, garantizar viviendas asequibles con la construcción de mil 800, fomentar la agroindustria con plantíos de bananas y créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según el comunicado, difundido por Harris a través de su cuenta de Twitter, el primer proyecto contará con 22.5 millones, mismos que serán divididos en partes iguales en un plazo de tres años; mientras que dará un préstamo de 19.5 millones para infraestructura y seis millones para generar cientos de nuevos puestos de trabajo, similar al proyecto que comenzó México en países de Centroamérica con Sembrando Vida. Además, se contempla una cartera, a través del Banco Internacional, para dar créditos a microempresarios, principalmente en zonas identificadas por alta migración y de la región de la montaña.
La vicepresidenta insistió que dar esperanza a la ciudadanía, sobre el cambio de rumbo en Guatemala, hará que muchos de ellos desistan de partir o abandonar su hogar y a sus familias.
En su diálogo con Giammattei precisó que la estrategia para detener la migración, luego del récord de 178 mil indocumentados arrestados en abril pasado en su intento para cruzar a Estados Unidos, también requiere reforzar la lucha contra la corrupción, el tráfico de indocumentados y la trata de personas.
Para ello, Harris, quien destacó que el diálogo con Giammattei fue sincero y exhaustivo, ofreció el respaldo del Departamento de Estado a Guatemala para crear un equipo de trabajo, con fiscales y asesores especializados, para investigar y enjuiciar casos de estos delitos que surgen en Centroamérica y que tienen conexiones con supaís.
Además, se conformará otro grupo especializado con homólogos centroamericanos “para identificar, desarticular y prevenir las operaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, a través del intercambio de datos de inteligencia y planificar acciones coordinadas para erradicar estos ilícitos.
Harris insistió que los indocumentados deben abstenerse de viajar a EU en busca del llamado “sueño americano”, en el que se enfrentan a múltiples peligros al realizar esta travesía, pues quedan expuestos al crimen organizado, que controla el tráfico ilegal de personas.
Al respecto, el fiscal estadounidense, Merrick Garland, confirmó la estrategia al asegurar que al combinar los esfuerzos lograrán “desmantelar el contrabando y la trata de redes que abusa, explota y pone en peligro a los migrantes”.
Insistió que con investigación y más enjuiciamientos actuarán desde el origen contra “esta grave amenaza criminal”.
Cabe destacar que en las últimas semanas la gestión estadounidense ha presionado a los gobiernos de Centroamérica para mejorar las condiciones de su población y reducir las posibilidades de que emigren.
ACORTAN BENEFICIOS A ILEGALES
La Corte Suprema de EU vetó la oportunidad de migrantes que ingresaron al país de manera ilegal a obtener su residencia permanente.
Con un voto unánime (9-0), los jueces aseguraron que quienes permanecen en el país gracias al programa de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mismo que evita que puedan ser deportados, tienen un impedimento para cambiar su estatus legal y obtener su green card, ya que este programa no elimina el ilícito de cómo ingresaron al país.
La jueza Elena Kagan puntualizó que “la concesión de TPS no hace que un participante ilegal sea elegible”.
Esta acción se da en respuesta a la solicitud de una pareja salvadoreña que vio cerrada su oportunidad de convertirse en ciudadanos legales, pese a permanecer 30 años en el país, decisión que quiso revertir, pero los jueces nuevamente bloquearon su intento. Se reportó que esta medida no afecta a quienes ingresaron a EU con una visa y se quedaron más del tiempo permitido.
