El fiscal anticorrupción del caso Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, ordenó retornar a prisión preventiva a la aspirante presidencial Keiko Fujimori presuntamente por violar su libertad condicional, hecho que la abanderada de Fuerza Popular y su equipo calificaron de absurdo al considerar que sólo buscan amedrentarla, pues supera cualquier pretensión para encarcelarla en el pasado.
En medio de la incertidumbre y por el escrutinio de los votos a cuatro días de la segunda vuelta electoral, la derechista —quien pasó año y medio en prisión por el caso de corrupción y financiamiento ilícito por 1.2 millones de dólares de la empresa Odebrecht en sus campañas de 2011 y 2016—, y su abogada, Giulliana Loza, denunciaron que es otro intento del fiscal para despojarla de sus derechos políticos, pues no es la primera vez que intenta revertir o vulnerar su libertad.
De acuerdo con Pérez Gómez, quien la acusó en marzo pasado por corrupción, la fujimorista incumplió las normas de conducta de la resolución judicial dictada en julio del 2020 que le prohibía reunirse con testigos del caso, pues se comprobó, según el denunciante, que ha mantenido contacto con Miguel Ángel Torres, excongresista que rindió declaración en la materia en septiembre pasado y que, según el fiscal, tanto la hija del exmandatario Alberto Fujimori y su defensa tenían conocimiento, pues la abogada estuvo en las diligencias.
Incluso usó fotos de la conferencia del pasado 9 de junio en la que Fujimori y Torres solicitaron al Tribunal electoral la revisión de cientos de boletas para demostrar que la acusada también por lavado de activos agravado y obstrucción a la justicia ha seguido en contacto con un testigo en el caso.
Por ello, solicitó al Cuarto Juzgado de Crimen Organizado, mismo que la liberó al inicio de la pandemia, la revocación de “la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi”; sin embargo, el señalado como sujeto declarante desmintió ser testigo al asegurar que el trato que ha mantenido con ella es estrictamente político, hecho que fue respaldado por la abogada Loza.
Tenemos el legítimo derecho de hacerlo (impugnar), pero parece que a alguien le incomoda que la votación se respete. Hacemos un pedido a la calma y que se respete la presunción de inocenciaKeiko Fujimori, Aspirante presidencial en Perú
Al respecto, Fujimori cuestionó las intenciones del fiscal al ironizar sobre el pedido al juez especializado en crimen organizado, pues la justificación es que recién se enteró que ella tiene contacto con Torres, cuando lleva más de un año colaborando con el partido Fuerza Popular, pues es el vocero del mismo, y existen fotografías y videos que ella misma ha compartido en los que se les ve juntos y resulta absurdo que sea hasta ahora que pida prisión en su contra.
Y denunció que dichas acciones, pues se trata del cuarto intento de actuar en su contra desde que fue elegida como abanderada, se den en presunta represalia, pues coincidentemente ocurren un día después de que ella y su partido, a través del mismo vocero, solicitaran anular y revisar miles de votos por presuntas irregularidades en el proceso en el que su rival el izquierdista Pedro Castillo es el virtual ganador con 100 por ciento de actas procesadas, en espera de la confirmación de la autoridad electoral.
Mientras que Loza sostuvo que las medidas que busca Pérez Gómez carecen de sustento y son desproporcionadas, ya que la resolución declarada por la Sala Penal a la que se refiere el fiscal establece que no puede “comunicarse con coimputados, testigos y otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros”, por lo que Torres no entra en dicha categoría ni su familia, como sus hermanos y su esposo, Mark Vito, como quedó estipulado en el expediente en cuestión.
Además, el equipo de la derechista coincidió en que con estas medidas buscan desviar la atención del tema electoral, pese a que según sus registros el partido Perú Libre realizó irregularidades de manera sistemática para favorecer a su candidato y llamó a respetar la presunción de inocencia.
Horas después, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que concluyó el recuento de actas en las que Castillo se mantiene como líder, luego de dar la vuelta el pasado 7 de junio.
El cierre reporta que el candidato de Perú Libre obtuvo 50.17 por ciento de los sufragios, sobre el 49.82 a favor de Keiko Fujimori, lo que representaría su tercera derrota consecutiva para convertirse en presidenta de Perú; sin embargo, hay impugnaciones en curso, mismas que impiden declarar a un ganador.
La diferencia es de más de 60 mil votos, cifra inferior a los miles que Fuerza Popular busca descontar por diversas anomalías, pues hay zonas en las que durante la primera ronda le ganó a Castillo y para la segunda ronda ya no contó con ni un solo voto. Además, la diferencia actual es mayor a los 40 mil votos por los que perdió la segunda ronda contra el aspirante Pedro Pablo Kuczynski en 2016, cuya presidencia sólo duró dos años por acusaciones de corrupción.
- El dato: Exmandatarios de varios países de la región demandaron, a través de un comunicado conjunto, no declarar a ningún ganador hasta resolver las impugnaciones.
