El régimen de Daniel Ortega mantiene la mira en la prensa independiente al reforzar el acoso contra integrantes del sector por la cobertura de notas y presuntos nexos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), investigada por presunto lavado de dinero.
En las últimas 24 horas fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público el jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, y la comunicadora Elsa Ruth Espinoza, sin que se les notificara el motivo de su comparecencia, que algunos vincularon directamente con el proceso legal que se sigue contra la aspirante presidencial y también periodista Cristiana Chamorro, pues más de 30 personas del gremio han sido interrogadas.
Madrigal destacó al salir de su comparecencia en las oficinas de la Fiscalía de Managua, misma que se alargó por hora y media, que su citatorio no tiene que ver con el caso Chamorro Barrios, detenida el pasado 2 de junio, y que dichas acciones en nada cambian la línea editorial del medio en el que trabaja.
“No salgo como implicado ni nada por el estilo… (no hubo) nada fuera de lo normal”, resaltó el periodista de uno de los canales con mayor audiencia en la nación que cubre la represión gubernamental desde 2018 y añadió que todas las preguntas fueron sobre su labor periodística, pues estaban interesados en cómo obtiene información, cómo balancea el contenido de su canal, sin hacer referencia a alguna nota específica, y sobre su participación en el programa Acción 10 en el que realiza debates políticos y habla de lo que ocurre en la calle y temas coyunturales, según explicó; también lo cuestionaron sobre su conocimiento en torno a las nuevas leyes ligadas al ejercicio periodístico, como la de ciberdelitos, calificada como Ley Mordaza por la prensa independiente, al criminalizar a la prensa por supuestamente propagar información falsa.
Incluso, comentó que sintió que no hubo asedio, tema que atribuyó a que su medios de comunicación no es de los beneficiados por la Fundación que dirigió Cristiana Chamorro, al afirmar que “ni los periodistas (de Canal 10) ni yo hemos recibido nunca ni a título personal ni de empresa (recursos de esa Fundación)”.
No obstante, horas después la Fiscalía confirmó que sí forma parte de la indagatoria contra la FVBCH. “El día de hoy (ayer) compareció el señor Mauricio José Madrigal, quien contestó todas las preguntas que se le hicieron y luego de firmar el acta, procedió a retirarse”, detalló en un comunicado el órgano judicial, en el que el reafirma que vela por la objetividad en las investigaciones.
El interrogatorio fue calificado por la prensa independiente como un nuevo intento de intimidar a este sector, pues consideran que se trata de una amenaza evidente ante la persecución, que en las últimas semanas provocó el exilio de tres periodistas, entre ellos el director de El Confidencial y también hermano de Cristiana Chamorro, Carlos Fernando Chamorro, y las aprehensiones de Miguel Mora y de Miguel Mendoza.
Al respecto, la comunicadora de 100% Noticias Lucía Pineda advirtió que Canal 10 forma parte de una lista de medios que, según el Gobierno, recibió recursos de parte de la FVBCH y que Madrigal “salió amenazado”, aunque se mostró cauteloso en sus declaraciones.
La Fiscalía también reportó que la periodista Elsa Ruth Espinoza no atendió el citatorio, por lo que emitirá una nueva convocatoria.
Y advirtió que de mantener su resistencia y negarse a presentarse ante el MP “se solicitará a la autoridad judicial la conducción forzosa”, lo que podría llevar a su posible detención, como el caso de otros comunicadores.
Con estas acciones, la pareja presidencial pone en evidencia que tiene el poder de citar a comparecer a sus rivales e investigarlos por presuntos delitos de lavado de dinero, tras recibir y usar fondos del exterior, o traición a la patria. Pues este nuevo hostigamiento se registra luego de las declaraciones de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, quien tachó de “terroristas de la información” y “criminales” a medios de comunicación y periodistas independientes.
ADVIERTEN QUE SIGUE BATALLA
La presidenta de la alianza Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, quien denunció asfixia financiera de parte del régimen, aseveró que como oposición no claudicarán en su lucha, pues ésta aún no se ha perdido.
Dijo que el camino que siguen como adversarios de un presidente que busca una nueva reelección tras más de una década en el poder “es el único válido y posible para instaurar un sistema democrático” en el país.
Y acusó que el gobierno ha impedido que su organización obtenga préstamos para seguir con el proceso para elegir a su aspirante, luego de la detención de algunos de sus precandidatos como Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, y, pese a esto, mantienen sus aspiraciones de terminar con una gestión de más de una década.
Y advirtió que, pese a los momentos críticos, ningún líder debe hacerse a un lado por miedo, pues se trata del bienestar nacional.
LRL
