La Policía de Daniel Ortega perpetró el mayor golpe a la oposición en Nicaragua en “otra noche de terror” al arrestar a seis opositores, engrosando la lista de detenidos.
Con la captura del precandidato presidencial —el sexto— Medardo Mairena, los líderes campesinos Pedro Mena, Fredy Navas y Pablo Morales, por el asesinato de cuatro policías y promover un golpe de Estado en 2018, y los juveniles de la Alianza Cívica, Lesther Alemán y Max Jerez, por tomar planteles universitarios en ese mismo año, el régimen supera lo ocurrido el pasado 13 de junio, cuando fueron aprehendidos cinco críticos, entre ellos algunos exguerrilleros y luego de nueve días sin capturas en el país.
Además, asciende a 26 la cifra de disidentes bajo arresto, pues grupos campesinos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos confirmaron que Morales fue puesto en libertad tras más de tres horas retenido, pues se desconocía su paradero ya que no figuraba entre los detenidos en el comunicado de la Policía.
Incluso, ante el asedio, Mairena y Alemán dejaron mensajes pregrabados; quien aspira en convertirse en abanderado alertó que si escuchaban su audio era porque fue secuestrado por el régimen sandinista tres años después de su primera aprehensión, mientras que el juvenil llamó a “no caer en la desesperanza”, pues la dictadura de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, busca acabar con la oposición a cuatro meses de las elecciones.
Tras la nueva embestida, disidentes como el Movimiento Campesino acusaron a Ortega de realizar un fraude “con respaldo de los Poderes Legislativo y Judicial para mantener a toda costa en el poder a una cúpula corrupta”, pues suma más de 10 años en el Gobierno.
Y calificaron de ridículo el intento de apresar a disidentes, quienes fueron trasladados presuntamente al nuevo Chipote, por un supuesto golpe de Estado fallido de hace tres años y ahora culparlos de nuevos delitos por leyes recientes con las que el Gobierno intimida a críticos al acusarlos de promover injerencia extranjera, atentar contra la soberanía y hasta por aplaudir la imposición de sanciones.
Al respecto, la activista Vilma Núñez aseveró que la estrategia del régimen contra sus opositores es un franco “exterminio” para perpetuarse en el poder. En un evento de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) dijo que así lo ha demostrado en su gestión con una evidente destrucción de la institucionalidad, mediante el uso de la fuerza pública.
Por separado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recriminó la “operación nocturna”, como ha sido su estilo, para actuar contra personas que ya fueron condenadas y liberadas.
Y agregó que estas detenciones son ilegales, como muchas anteriores, pues “ninguna disposición autoriza allanamientos y capturas en horas de la noche para someter a una investigación por 90 días, con audiencias secretas y para mantener a las personas en aislamiento”.
NO MÁS “BASTA, SEÑOR”
La Unión Europea (UE) analiza nuevas acciones contra el régimen orteguista al advertir que la crisis llegó al extremo y demandar la liberación de todos los presos políticos y permitir elecciones libres.
El alto representante de Política Exterior del bloque, Josep Borrell, sostuvo que no es suficiente un “basta, señor Ortega”, al recordar que los llamados internacionales no han dado resultados.
Y reiteró que se requiere ejercer mayor presión contra el mandatario sin afectar al país, para lo que necesita del respaldo y unanimidad de los Estados miembros.
En contraste, Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron de nuevo la persecución. Por separado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a unir esfuerzos para restaurar las libertades en “un país sin ley”. Y recordó que una misión intentó ingresar al país, pero Ortega no lo permitió, por lo que sólo ha tenido contacto con opositores virtualmente.
