Con miles de muertes indirectas, Nueva York y las zonas de impacto de los atentados terroristas del 11-S aún enfrentan las secuelas de la enorme nube tóxica que las cubrió, pues suman más víctimas en 20 años que la cifra letal que enlutó al país y la lista afectados sigue creciendo.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tres mil 779 personas han fallecido por afecciones atribuidas a la inhalación de asbesto —que se aloja principalmente en los pulmones—, material de construcción y combustibles cuando las llamadas zonas cero quedaron bajo capas contaminantes; mientras que en los choques aéreos contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Shanksville hubo alrededor de tres mil, emblemas que el presidente Joe Biden prometió visitar en el vigésimo aniversario.
En promedio, en las últimas dos décadas han fallecido 189 personas al año, entre empleados, policías, bomberos, rescatistas, estudiantes, peatones de zonas aledañas y voluntarios para demolición, retiro de escombros y limpieza, tan sólo ese día durante largas jornadas de hasta 14 horas continúas.
Y las enfermedades más comunes son cáncer, aerodigestivas, lesiones muscoloesqueléticas y hasta mentales, provocadas por ese humo, que según especialistas se extendió por hasta medio año, pues para recibir ayuda médica deben demostrar, con evidencia, que estuvieron en estas zonas trágicas entre septiembre de 2001 y mayo de 2002.
Además, los CDC detallaron que en el país ya suman 112 mil personas inscritas en el Programa Federal de Salud del World Trade Center para solicitar apoyo médico por este tipo de males progresivos o mortales, como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión; cifra inferior a las estimaciones de unos 400 mil estadounidenses expuestos al humo tóxico que ensombreció a las mencionadas regiones.
No obstante, este número corresponde únicamente a personas acreditadas en el plan de salud, tras la implementación de la Ley Zadroga de 2015, bautizada en honor al oficial James Zadroga y conocida como Ley de Salud y Compensación por el 11-S y por la que se creó el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre de 2001; es decir, sólo contempla a quienes acrediten que estuvieron en el plazo considerado en las localidades afectadas por terroristas, sin importar la ciudad o estado en el que ahora residan, pues la mayoría, aunque proviene de Nueva York, se ha dispersado por el este del país, como Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Pensilvania y Connecticut.
Por lo que se estima que el total podría ser mayor, pues el programa sanitario destinado a víctimas del WTC comenzó a operar una década después de los ataques, lo que significa que habría múltiples defunciones todavía sin contabilizar, luego de reconocer que no sólo se trataba de la “tos del World Trade Center”, como se conoció a este malestar.
Y si sólo se cuenta desde el 2015, primer año que integró a víctimas en un listado de personas susceptibles a padecer enfermedades, las muertes anuales ascienden a 631, poco más de la quinta parte de que los que hubo el fatídico 11-S.
Estas víctimas, consideradas daño colateral, son divididas en cuatro grupos: quienes atendieron llamados de ayuda en las Torres Gemelas —casi la mitad del total—, sobrevivientes, personal de los Departamentos de Bomberos y la Policía de NY y voluntarios en Washington y Pensilvania, tras el impacto de cuatro aeronaves de American Airlines y United Airlines tomadas por extremistas.
Cabe destacar que los primeros respondientes no contaron con ningún tipo de protección física para evitar inhalar micropartículas tóxicas, al quedar atrapados en la zona de devastación por la caída de 400 toneladas de asbesto, también conocido como amianto y fibrocemento, que ya ha sido vetado por gobiernos, pues es una fibra que no se evapora en el aire ni se disuelve en el agua y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay hasta 125 millones de personas expuestas a este material cancerígeno por su trabajo o el medio ambiente.
Mientras que el personal especializado acudió tiempo después con trajes y equipo de seguridad para recuperar a víctimas e investigar las causas de estos impactos, que se sabría eran obra de Al Qaeda, lo que provocó la mayor ocupación extranjera en Afganistán.
Esta incidencia irá en aumento, pues miles de personas que sufren enfermedades como asma, cáncer o problemas gastrointestinales, aún no atribuyen su diagnóstico con haber respirado partículas microscópicas hace dos décadas o, posiblemente, no tengan el diagnóstico de una enfermedad de este tipo, pues las autoridades no han determinado un periodo en el que tardarían en sufrir las secuelas, pero se acordó mantenerlo por hasta 75 años para garantizar la atención.
Tan sólo de junio del 2020 a junio de este año se reportó un alza de 16 por ciento de sobrevivientes afectados que piden ser incluidos en el sistema y de tres por ciento en el caso de quienes se convirtieron en víctimas luego de ayudar en operativos improvisados y formales.
En este informe, fechado el pasado 30 de junio, detallan que el principal mal por el que murieron los sobrevivientes fue cáncer con mil 510 casos, entre los principales destacan melanoma, próstata, mama, linfoma y tiroides; mientras que en los voluntarios la mayor afectación es al tracto digestivo, lo que evidencia que al estar al aire libre sufrieron un daño peor en las vías respiratorias.
Y hay casos en los que las víctimas presentan más de un tipo de cáncer, aunque no se especifica cuáles son los más concurrentes, pero dicen que algunos pacientes desarrollan más de 10.
Además, se separa a las personas por edad; el sector que más ha recurrido al respaldo del gobierno es el de 55 a 64 años, lo que muestra que la mayoría son personas económicamente activas, y que en promedio tendrían entre 35 y 44 años durante los ataques.
En este listado aparecen con gran presencia también hombres y mujeres de 45 a 54 años y de 65 a 74 años.
