Hasta 526 disidentes llevan dos meses detenidos en Cuba por “acusaciones falsas y fabricadas”, como desacato, resistencia al arresto, desorden público y hasta atentar contra el Gobierno, denunciaron organizaciones sociales en Cuba, luego de las protestas contra el presidente Miguel Díaz-Canel.
Cubalex reportó que, en hasta el 13 de septiembre, se tenía reporte de que estas personas seguían bajo arresto, elevando la cifra de presos políticos en la isla, mientras que unas 400 fueron excarceladas en las últimas semanas.
Sin embargo, advirtió que su liberación no significa que estén libres de cargos, pues el régimen de la isla mantiene varias investigaciones penales abiertas y medidas cautelares en su contra, pese a que seguía la ley la protesta social no se considera desorden público.
Por separado, la organización Prisoners Defenders contabilizó a 381 presos políticos a consecuencia de las megamovilizaciones del #11J; de este total, 251 ya fueron sentenciados a penas que van de los seis meses hasta los 10 años.
En el informe “Tenebroso balance del 11J en Cuba”, reveló que en muchos casos hubo violaciones al proceso, pues han documentado arrestos injustificados, irrupciones en viviendas, que no se respetó la presunción de inocencia ni garantizó acceso a un abogado, al justificar que eran delitos que no requerían de un fiscal; mientras que los acusados de delitos graves fueron presentados antes fiscales “afines”, para agilizar su proceso.
Incluso, esta última organización dijo que aunque no hay una cifra oficial, hubo unos cinco mil arrestos entre el 11 y el 17 de julio; no obstante, la cifra podría ser mucho mayor y alcanzar los ocho mil, pues aún hay personas desaparecidas.
Asimismo, señalaron que la represión persiste, pues sigue la búsqueda de sospechosos de actuar contra el régimen y los cientos de detenidos, a quienes les decomisaron sus teléfonos para borrar la evidencia de las protestas, se encuentran en condiciones de hacinamiento e incomunicados.
Exige la Eurocámara sanciones al régimen
El Parlamento Europeo demandó sancionar a Cuba por severas violaciones a los derechos humanos tras las protestas de julio pasado.
Con 426 votos a favor, los integrantes de la Eurocámara, insistieron que ante la represión continua, la Unión Europea (UE) debe tomar acción inmediata contra un régimen que incumple normas internacionales y mantiene recluidos a activistas, presos de conciencia, artistas y periodistas, mientras aumenta el reclamo internacional y el mandatario Miguel Díaz-Canel rechaza todo tipo de diálogo.
Sostienen que a dos meses de la movilización histórica en la isla “la situación democrática no ha mejorado”, por el contrario, se agravó la situación de derechos humanos en la región y se criminalizó a quienes exigían alimentos y medicina, en medio de la pandemia de Covid, ante la escasez que no ha mejorado en este tiempo.
Por lo anterior, liberales, conservadores y otros partidos se unieron para exigir al gobierno de Díaz-Canel el fin de la represión y la liberación de todos los detenidos de manera arbitraria, hecho que fue respaldado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.