Human Rights Watch (HRW) acusó al régimen de Daniel Ortega de incurrir en actos de tortura en contra de decenas de críticos detenidos y horas después la Policía nicaragüense renovó la oleada represiva al arrestar al activista Irving Larios, con lo que suman 37 opositores bajo arresto en cuatro meses.
Tras documentar las arbitrariedades cometidas por el gobierno, la organización sostuvo que la mayoría de los presos, entre ellos aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, periodistas, activistas, estudiantes, empresarios y líderes sociales, enfrenta “acusaciones fabricadas”.
Y el Ministerio Público no ha aportado pruebas que sustenten el delito de supuesta traición a la patria, por lo que sus aprehensiones fueron irregulares, abusando de la ley 1055 —emitida en enero pasado—para mantenerlos 90 días bajo arresto sin siquiera presentar cargos, hecho que ocurrió apenas el mes pasado.
Con estos actos, aseveró el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, Ortega demuestra que “no tiene la mínima intención de perder los comicios” y está determinado a conseguir su reelección, esto por la velocidad con que la Policía arresta a disidentes o los obliga al exilio para no participar en los comicios del próximo 7 de noviembre. Desde mayo pasado, esta asfixia se agravó contra quien intente enfrentarlo.
Luego de entrevistar a familiares de los retenidos, quienes no fueron identificados par evitar represalias, HRW dijo que la evidencia apunta a que los acusados “son sometidos a agotadores interrogatorios, se encuentran incomunicados y en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente”.
Vivanco detalló que este confinamiento prolongado por más de 15 días “constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional”.
Asimismo, familiares relataron que después de meses de no verlos su deterioro físico es notable, pues no reciben comida suficiente, les limitan el tiempo al aire libre y les impiden recibir insumos médicos, pues algunos padecen enfermedades crónicas; esta tortura se ha replicado en 32 de los casos, mientras que los otros están bajo arresto domiciliar.
Incluso, en las supuestas investigaciones se detectaron severas violaciones al proceso, pues en las entrevistas se les negó el derecho a contar con sus abogados; mientras que los juristas acusaron que a sus clientes les asignaron defensores de oficio y, pese a que solicitaron su presencia en audiencias irregulares, no los vieron hasta semanas después.
Por estos delitos, los críticos de Ortega podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión por delitos como menoscabo de la soberanía, incitar a la injerencia extranjera y lavado de dinero, cargos que se repiten en cada expediente. Este último caso es el de la aspirante Cristiana Chamorro y colaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, presuntamente financiada desde el extranjero.
A la par de este informe aumentó la lista de recluidos, luego de que organizaciones denunciaron la aprehensión de Larios Sánchez por los mismos delitos que otros detenidos, justo a cinco días del inicio de las campañas electorales.
Presuntamente, efectivos sacaron al integrante de Articulación de Movimientos Sociales de manera violenta de su casa después de allanarla la tarde de ayer.
En tanto, familiares que acudieron a la vivienda al saber que la policía revisaba el lugar dijeron que se les impidió tener contacto con él y exigen su liberación.
Pese a los señalamientos, el régimen mantiene la mira en las campañas, mismas para las que impuso límites, a través del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Este órgano sostuvo que se adecuaron las condiciones para realizar actos proselitistas, pues no podrán acudir más de 200 asistentes ni excederse de hora y media, tiempo en el que deberán usar cubrebocas y mantener la sana distancia.
Al respecto, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, indicó que por el Covid, los políticos deben ser innovadores y cambiar los actos masivos por eventos en plataformas digitales.
En tanto, medios reprocharon las restricciones al señalar que el régimen reconoce la pandemia sólo para justificar cambios en las campañas y limitar eventos de la oposición, cuando hasta hace unas semanas la vocera realizaba festivales y hasta conciertos masivos.
Y es que el Gobierno minimizó la pandemia y sólo da cuenta de 200 muertos, mientras que el Observatorio Ciudadano Covid nacional reporta casi cinco mil.
