Agentes de migración de Estados Unidos han normalizado abusos espantosos, como golpizas, abuso sexual, trato discriminatorio, hacinamiento, falta de servicio médico y violaciones al debido proceso contra solicitantes de asilo, acusó la organización Human Rights Watch (HRW) al exponer 160 denuncias de víctimas, un patrón sistemático al menos en los últimos cinco años.
Tras revisar reportes documentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que encabeza Alejandro Mayorkas, el organismo exhibió las deficiencias en supervisión, pues sus agentes golpean a indocumentados, se burlan o ignoran sus peticiones de refugio, pero no son castigados ni siquiera investigados.
Los archivos obtenidos tras disputas legales a través de la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA), que corresponden al periodo 2016-2021, dieron como resultado el informe “Te tratan como si no valieras”. Éste refleja decenas de casos —los que se denuncian en EU— de trato inhumano por parte del personal de Patrulla Fronteriza, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes están obligados a reportar cualquier ilegalidad.
Tal es el caso de las agresiones con fuetes a haitianos en Del Rio, Texas, que sólo conllevaron a la reubicación del personal, pues aunque Mayorkas sostuvo que habría una indagatoria, los resultados, si los hubo, no se hicieron públicos. Incluso HRW refiere que en otros antecedentes, pese a que ha pedido respuesta no la hay, por lo que “no es claro cómo o si el DHS da seguimiento a los informes de mala conducta o abuso en la frontera”.
Dicha información fue corroborada por abogados migratorios consultados por la organización, quienes admiten que no hay seguimiento, pese a la gravedad del caso o que el denunciante nunca conoce el resultado o acaba desistiendo.
Pese a la evidencia, recrimina se repiten y repiten episodios violentos y humillantes como golpizas, que incluyen patadas, rodillazos y azotes contra el suelo, que han provocado la muerte de 55 indocumentados de 2010 a la fecha, así como insultos, hambre forzada y actos de violencia sexual contra niños —uno de los sectores que más escaló su presencia en los límites con México— y mujeres, principalmente, como el caso de una joven que fue obligada a desvestirse por un agente, quien aprovechó su condición ilegal para tocarla, pero al que no se le dio seguimiento, pese a la denuncia de sus padres.
Según el rastreo de las víctimas, los agentes piden favores sexuales a cambio de liberar a migrantes o los intimidan mostrando su superioridad o fuerza y si se niegan son encerrados y golpeados.
Otros ilegales son atacados hasta con perros entrenados; según la documentación obtenida un hombre terminó en cirugía para extirparle un testículo, luego de que el animal lo mordiera severamente.
La organización también denunció que en su plan de expulsión acelerada, los policías ignoran las declaraciones de quienes huyen de la violencia, pues alteran los reportes o no incluyen información relevante sobre el riesgo que corren.
En un archivo se lee “la demandante testificó que les dijo a los oficiales que tenía miedo de regresar. Apuntaron que dijo que no” y la obligaron a firmar, abusando que no entiende el idioma y no puede reclamar que ésa no fue su declaración. Así exponen a muchos de los que sufren persecución a volver a su país al ser deportados, pues este hecho se repitió al menos una treintena de ocasiones.
Además, a muchos de ellos les niegan el agua y productos de higiene básica como papel de baño, lo que provoca problemas de salud en centros de detención.
HRW sostiene que muchos de estos casos no llegan a reportes oficiales, porque los agentes que ven a sus compañeros evitan problemas o se justifican diciendo que no hay claridad sobre lo que deben denunciar.
Frente a la situación que calificó de “preocupante”, el organismo exigió al DHS poner fin a este “patrón persistente de abuso y mala conducta”, hecho que admite es un secreto a voces, pues en el pasado legisladores evidenciaron las condiciones inhumanas de hacinamiento en que encierran a migrantes previo a su deportación, pero no hay investigaciones, hecho en el que dice debe participar el Departamento de Justicia.
Asimismo, recomendó mejorar la capacidad de las agencias en transparencia, fortalecer las políticas para abordar la mala conducta de empleados y asignar más fondos en capacitación y la reparación del daño, para proteger también a quien denuncie estos actos crueles.
- El dato: La mayoría de las intimidaciones denunciadas son amenazas para deportarlos a sus países o mantenerlos encerrados por años, según los registros.
