Las medidas disciplinarias contra agentes fronterizos son mínimas, pese a evidencia de abusos y publicaciones denigrantes contra migrantes, reveló la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Una semana después de que Human Rights Watch (HRW) destapara cientos de casos de violaciones a derechos humanos contra ilegales, el Comité de Reforma y Supervisión del Congreso dijo que, aunque hay investigaciones por mala conducta y acciones que van contra la ética profesional, sólo unos cuantos casos llegan a castigos.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de esta nación (CBP, por sus siglas en inglés), de 135 reportes levantados por publicar comentarios xenófobos, sexistas y humillantes contra ilegales en grupos privados de Facebook sólo 60 policías ameritaron sanciones, poniendo en entredicho la reputación de la agencia.
De estos infractores, señalados por humillar a indocumentados a los que detienen o promover el rechazo y la violencia contra el sector en redes sociales, sólo dos fueron despedidos; aunque no fueron identificados por nombres se reportó que llevaban entre 10 y 20 años al servicio en Texas y California, respectivamente. El primero de ellos hacía referencias al supremacismo blanco en un grupo privado en Facebook, llamado “I’m 10-15” que hace referencia a extraños bajo custodia y descubierto en 2019, mientras que el otro agente compartió imágenes sexuales explícitas alteradas que incluían al presidente Joe Biden y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.
Estos dos casos representan apenas tres por ciento de los uniformados sancionados por la junta disciplinaria, cifra inferior a la que demandaba originalmente, pues se indicó que directivos buscaban la separación de 24 de ellos por “mala conducta grave”, casi la mitad de los que se encontraban en la mira durante la gestión de Donald Trump, quien en varias ocasiones se negó a difundir información en la materia pese a citaciones.
En tanto, 43 policías fueron suspendidos sin sueldo entre 30 y 60 días, 12 recibieron simples amonestaciones y tres más se quedaron un tiempo sin paga. No obstante, se reveló que algunos recibieron sus salarios posteriormente, por lo que sólo se trató de un retraso. Y meses después 57 de los 60 retomaron sus labores para continuar arrestando a indocumentados en la frontera pese a la evidencia de abusos contra el sector.
Como vimos con el maltrato de migrantes por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en Del Rio, Texas, persisten los problemas de comportamiento sistémico dentro de CBPCarolyn B. Maloney<br>Presidenta del Comité de Reforma y Supervisión
También se reportó que los infractores compartieron fotos y videos internos en los que se burlaban de la muerte de migrantes, como el caso de uno que cayó de un acantilado para evitar ser detenido o quienes se ahogan en el río.
Ante las pocas sanciones, el comité admitió severas fallas en el CBP, que calificó como “procesos disciplinarios incoherentes, fracaso en capacitar y hacer cumplir las políticas”, cuyos datos se hicieron públicos en febrero, un mes después de que Trump dejara la Casa Blanca.
Esta evidencia confirmaría las denuncias de HRW sobre falta de transparencia, nulas investigaciones o resultados opacos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a más de un mes de la divulgación de fotografías en las que golpean a migrantes haitianos.
Y es que, pese a estos hechos, algunos considerados graves, la junta disciplinaria no reveló qué otras medidas aplicarían en caso de que los agentes reincidan en la publicación de mensajes ofensivos antimigrantes o algún cambio enérgico por este tipo de comportamiento. Mientras que los demás involucrados libraron sanciones al no hallar fundamentos suficientes para actuar en su contra, pero igualmente fueron advertidos y algunos de éstos se jubilaron con un historial de infracciones múltiples.
Ven políticas xenófobas. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recriminaron la exclusión del Gobierno de Estados Unidos contra haitianos al señalar que dichas acciones son un ejemplo de discriminación.
Alertaron en un comunicado que estas políticas, cuestionadas también por el Papa Francisco, conllevan un gran riesgo al enviar a indocumentados a zonas inseguras y violando sus derechos humanos.
Ninguna nación “puede etiquetar a todos los migrantes de una determinada nacionalidad como amenaza a la seguridad nacional”, advirtió al recriminar las expulsiones que justifica el Gobierno de Biden como parte de las medidas sanitarias, contempladas bajo el Título 42.
Y descalificaron que, en vez de evaluar sus razones para solicitar asilo, pues hay casos de temor creíble de volver a su país de origen, sólo se les obligue a regresar a éste, donde “enfrentan un entorno de discriminación racial, violencia de género y xenofobia”, caso de los haitianos.
