A una semana de la elección en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el presidente Daniel Ortega convirtió al país en un Estado policial para perpetuarse en el poder sin límites por lo que pidió garantizar una elección libre, liberar a disidentes detenidos y acabar con la impunidad.
En los últimos años, luego de la peor represión en las protestas de 2018, el mandatario construyó un “régimen de terror” al alinear a los organismos gubernamentales y cooptar los más altos cargos en busca “de la perpetuación de forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, que reforzó en 2021, pero que se gestó incluso antes del 2000.
Según el informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua”, el régimen se caracteriza por detener y allanar viviendas y oficinas de cualquiera que se interponga en su camino a la reelección, lo que transformó en un sello antidemocrático para acallar a sus críticos —aspirantes presidenciales, periodistas y empresarios— y cerrar espacios democráticos. Todo para dejar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del mandatario, libres de competencia.
La CIDH, que no ha podido ingresar al país, sostiene que esta represión sistemática provocó el debilitamiento del Estado de derecho en la nación y un deterioro de la libertad de expresión al impedir la participación de críticos en los comicios, pues desde junio pasado suma 38 apresados —uno de cada seis buscaba competir por la presidencia—. Ante esta situación, organizaciones insisten en suspender o reprogramar la elección, en la que Ortega ha creado leyes a modo para reelegirse y retener el poder con tan sólo 35 por ciento de votos válidos, pese a que ya se había reformado este tema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó modificar dichas medidas.
Se advierte que a tres años de emitir recomendaciones por las arbitrariedades cometidas por Ortega, la situación no ha cambiado, por el contrario, el líder endureció acciones contra la disidencia mostrando que Nicaragua “no cuenta con un Poder Judicial independiente” desde 2010, fecha en que se detectó la grave ausencia de garantías a la imparcialidad, pues con una orden moviliza a la Policía, Ejército, Ministerio Público y jueces contra sus adversarios.
Y calificó de preocupante que las instituciones que deberían garantizar la seguridad son las que lo ayudan a concentrar este poder al fortalecer los órganos de control para perseguir, amenazar y agredir a defensores de derechos humanos, críticos y medios independientes.
Asimismo, la Comisión denunció la criminalización de opositores, impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, manipulación al derecho penal, engaños del partido en el poder y hasta nepotismo, así como la persecución política contra fiscales, quienes renunciaron a sus funciones al evidenciar la nula imparcialidad, pues sin importar llamados de la Corte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y comunidad mundial desoye recomendaciones acusando que es injerencia extranjera.
Por lo anterior, la CIDH insistió en el llamado a la separación de poderes para garantizar una elección justa, libre y transparente, restablecer los derechos de disidentes, organizaciones y partidos afectados, promover la reparación del daño y propiciar un diálogo efectivo, sin hacer énfasis en la fecha de comicios.
A ello, se suma el reclamo del abogado de dos de los aspirantes presidenciales, detenidos el mismo día, para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenga y determine si fueron arrestos arbitrarios los de sus clientes Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro en busca de su inmediata liberación. Jared Genser urgió el apoyo ante lo que calificó como “violación de las obligaciones de Nicaragua”, pues suman más de 140 días en prisión e incomunicados.
En medio de esta situación, la vicepresidenta Rosario Murillo minimizó los señalamientos de que no se permite la participación de misiones extranjeras en el país al anunciar el arribo de 170 acompañantes. “Como comunidad humana participamos de un proceso electoral histórico, plenamente soberano, digno e independiente”, en referencia al reclamo de la oposición.
- El dato: Refrenda la CIDH que por años los medios independientes han afrontado presión gubernamental para realizar sus labores, especialmente a raíz de las protestas de 2018.
