Estados Unidos vetó la entrada del presidente reelecto de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos, y todo el aparato gubernamental que orquestó la pantomima electoral del pasado 7 de noviembre tras arrestar a 39 opositores en el país.
A más de una semana de los comicios tachados de ilegítimos por la comunidad mundial, el mandatario Joe Biden advirtió que su gobierno está obligado a responder de manera contundente ante el golpe antidemocrático, el clima de miedo, de impunidad y el aumento de la represión y abusos para silenciar a los críticos que rechazan al régimen.
Refirió que decenas de funcionarios al servicio de Ortega son cómplices y responsables del asedio impulsado por la pareja Ortega-Murillo contra aspirantes presidenciales, activistas, periodistas y líderes de varios gremios para retener el poder y alcanzar el cuarto mandato consecutivo de Ortega.
Por ello, un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara a nueve funcionarios del gabinete, principalmente de las ramas económica y energética, el país cerró el paso al régimen y restringió las visas de la pareja presidencial y sus hijos —a quienes no enlista—, así como a otros conspiradores cooptados como mandos del Poder Judicial, Ministerio Público, Ejército, Policía Nacional y hasta grupos paramilitares. También destacan alcaldes, vicealcaldes, secretarios y operadores en funciones o electos, y sus respectivas parejas, por prestarse a seguir las órdenes del sandinista.
Biden sostuvo que ese grupo de alto nivel es culpable de “socavar y dañar instituciones democráticas”, llevando en los últimos años a la nación a una situación verdaderamente crítica.
Y agregó que la gestión de Ortega “ha paralizado el proceso electoral y despojado de derechos a los ciudadanos nicaragüenses para elegir a sus líderes”, en referencia a la captura o arresto domiciliar de siete candidatos a la presidencia, entre ellos Cristiana Chamorro, quien esta semana cumplirá 170 días incomunicada sólo por intentar arrebatar el cargo al sandinista. En su mayoría, sus víctimas siguen sin acceso a abogados, familiares o atención médica, en condiciones deplorables de aislamiento y sometidos a reiterados abusos físicos y psicológicos al ser interrogados de manera extenuante.
Precisó que estas sanciones se amplían a todos los que se benefician de políticas a modo para impedir el retorno de la democracia a Nicaragua o que promueven la agenda autoritaria de Ortega.
Asimismo, el gobierno de EU renovó la emergencia hacia este país centroamericano al afirmar que es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”, misma que estaba vigente desde la gestión de Donald Trump, a raíz de la peor represión de 2018.
En esa tónica, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) refrendó que en la región no hubo elecciones, pues a todas luces se trató de “una farsa electoral, orquestada desde meses anteriores, a través de la incesante represión”, misma que definió como el encarcelamiento de cualquier que intentara alzarse como adversario político. Con ello, dijo, el mandatario convirtió a la nación en una gran cárcel, ya que en este territorio no hay protección ante cientos de arbitrariedades.
En un informe notificó que en la semana previa a lo comicios hubo más de 100 ataques contra sus críticos, entre éstos 32 arrestos arbitrarios en sólo cuatro días, pero advirtió que no los callarán, pues no pierden la esperanza de recuperar la democracia.
Previo a estas medidas, la Asamblea Nacional exigió al orteguista abandonar de inmediato la Organización de los Estados Americanos (OEA), por supuestamente subordinarse ante EU, luego de que dicho órgano tachara de ilegítimas las elecciones. Incluso, el presidente del poder legislativo, Gustavo Porras, aseveró que la declaración de la OEA fue “absolutamente ignorante”.
A este reclamo se sumó la también restringida vicepresidenta Murillo quien tachó de vendepatrias y mezquinos a los líderes de la OEA, tras acusarlos, al igual que su marido, de injerencistas por servir al “imperio estadounidense”. Sin embargo, no hubo respuesta a la prohibición de EU.
