El régimen de Daniel Ortega redirigió la represión contra la comunidad estudiantil al cerrar cinco universidades y 11 organizaciones, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) que se convirtió en bastión de las megaprotestas de 2018; dicha estrategia fue calificada como un signo de “exterminio generalizado”.
De manera sorpresiva, la Asamblea General presentó una iniciativa para arrebatar la personería jurídica a estas instituciones el mismo día en que dos disidentes fueron condenados por conspiración, dejando en claro que el gobierno reanudó el acoso contra el pueblo a sólo un mes de que el orteguista asumiera su cuestionada reelección.
En la primera sesión ordinaria de este nuevo periodo, el legislador aliado Filiberto Rodríguez, criticado por amenazar a alumnos y ser el orquestador de la quema de Radio Darío, demandó analizar la situación de esas Organizaciones No Gubernamentales al argumentar que “no dan cuenta del origen de sus fondos, están acéfalas y hay lucro” por supuestamente omitir informes financieros.
Ésta (estrategia) es una provocación, un ataque directo y cobarde en contra de la juventud, la misma que se levantó exigiendo justicia en abril de 2018...Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Comunicado
Así, con carácter de urgente 75 diputados aprobaron arrebatarle a éstas los permisos por incumplir con temas de transparencia en torno a sus finanzas, lo que recuerda a las acusaciones de recibir dinero del extranjero contra líderes disidentes o excandidatos presidenciales para supuestamente atentar contra la soberanía nicaragüense y la ilegalización de partidos y grupos políticos, con lo que suman 80 entes desaparecidos en la nación centroamericana en cuatro años.
En respuesta, directivos rechazaron dichas acusaciones y la Universidad Paulo Freire reveló al diario nicaragüense La Prensa que son otras las razones por las que el régimen arremetió en su contra, sin dar detalles.
“Desconocemos las razones verdaderas”, sostuvo el director, Adrián Meza, al ratificar que se entregó en tiempo y forma la documentación sobre sus gastos, luego de que el pasado 13 de enero les dieron un plazo de 15 días más para concluir con este trámite.
Tras la polémica votación, la comunidad universitaria, académicos y defensores de derechos humanos cuestionaron el nuevo asedio para acabar con los estudios de miles de estudiantes, pues quienes están matriculados en las universidades Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), Politécnica de Nicaragua (Upoli), Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Popular de Nicaragua (Uponic) y Pablo Freire están a la expectativa de qué sigue para su futuro tras el atropellamiento a sus sueños, al negarles el derecho a una profesión y a la libertad de pensamiento; mientras que entre las asociaciones censuradas destacan varias ligadas a obispos golpistas, como la Diócesis de Estelí —que respaldó las manifestaciones del 2018 e intentó mediar con el gobierno—, así como la de Cantautores Nicaragüenses, fundada por el artistas Luis Enrique Mejía.
A través de redes sociales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó enérgicamente la cancelación de las operaciones de asociaciones y academias nicaragüenses luego de que la pareja presidencial Ortega-Murillo reforzara el exterminio que recuerda a la era somocista, misma que el propio Ortega combatió hace décadas.
Denunció que tal plan no es más que “una provocación, un ataque cobarde contra la juventud”, la misma que se levantó contra el régimen, que respondió en 2018 con una fuerte represión que dejó 355 víctimas letales de agentes y fuerzas parapoliciales, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, estudiantes y disidentes advierten que se trata de represalias contra el sector que lideró la revuelta en su contra entre abril y mayo de hace casi cuatro años, y nuevamente les arrebata la oportunidad de estudiar como cuando asesinaron a decenas de compañeros.
Por separado, el Consejo Nacional de Universidades y jóvenes exigieron detener esta vulneración a sus derechos en la que ven otra treta política del régimen para reprimir a quienes ven como sus rivales, sólo por pensar diferente. Pese a la decisión del Congreso, el primero destacó que garantizará la continuidad académica a la espera de una definición.
Asimismo, otros sectores aseguraron que dicha estrategia no es más que la continuidad de una farsa judicial que comenzó Daniel Ortega antes de las elecciones de noviembre del 2021.
Mientras que las redes sociales se inundaron de denuncias y demandas de estudiantes y recién egresados en torno a múltiples preocupaciones sobre la continuidad de su formación, así como de la validez de estudios o títulos y la posibilidad de que se abran más plazas en otras instituciones de educación superior.
Otros más subieron el tono del reclamo a cuestionar que el sandinismo prefiera tener un pueblo sometido para evitar las críticas a su mala gestión. “La academia nunca debe estar al servicio de ninguna dictadura”, externó en redes un estudiante luego del comunicado de la comunidad universitaria, mientras que otros advirtieron que no acabarán con los sueños de la juventud, pues no lograrán doblegarlos.
- El dato: Defensores de derechos humanos calificaron de “tortura” las condiciones en que se llevan a cabo los juicios de críticos, pues se les incomunica y obliga a defenderse solos.
CEHR
