A más de 30 años de la Ley de Emergencias en Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, la invocó por primera vez para controlar a los antivacunas que en su rechazo al certificado Covid colapsaron ciudades, cruces fronterizos y amenazaron la economía.
Luego de más de una veintena de arrestos en dos zonas limítrofes con Estados Unidos, el mandatario activó la emergencia nacional que le da el poder de anular mandatos locales, prohibir viajes y reuniones, retirar a personas de sitios restringidos y limitar las concentraciones y movilizaciones como el denominado “Convoy de la libertad”, luego de señalar que las autoridades fueron desafiadas y algunas tienen problemas para hacer cumplir sin ley.
Sin alusiones directas, Trudeau asumió las facultades históricas como último recurso para abordar la crisis que se extendió desde finales de enero al advertir que “no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas”.
Y puntualizó que las medidas, que calificó de razonables, se aplicarán sólo en ciertas provincias y por tiempo delimitado, presuntamente sólo por un mes.
Trudeau descartó el uso de las fuerzas armadas para su cumplimiento, pero ratificó que serán firmes contra los camioneros, manifestantes y simpatizantes que están en contra de la aplicación de comprobantes de vacunación.
“Es momento de que se vaya a casa ahora”, sostuvo en un mensaje televisado, dando un plazo prudente a los renuentes para acatar las nuevas normas al ratificar que los bloqueos que comenzaron en Ottawa son ilegales y agravan la crisis económica; mientras que el Parlamento tiene hasta siete días para revisar y revocar estas facultades.
El uso de dicha ley confirma que Justin Trudeau enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión al recurrir a una medida cuyo único antecedente más cercano ocurrió en la década de los 70 bajo el mando de su padre, Pierre Trudeau, también primer ministro, quien puso en marcha la Ley de Medidas de Guerra para contener al grupo terrorista Frente de Liberación de Quebec que secuestró al ministro de esa región y a un diplomático británico.
Previo a anuncio oficial, la vice primera ministra, Chrystia Freeland, lanzó nuevas advertencias contra el sector que se apoderó de las calles durante dos semanas consecutivas. “Si sus camiones son utilizados en estos bloqueos se les congelarán sus cuentas corporativas, se les suspenderá el seguro de su vehículo”, sostuvo al endurecer la postura contra los inconformes que usaron vehículos, semirremolques y hasta maquinaria pesada para obstruir vías principales y puentes fronterizos como el Ambassador —donde hubo más de 10 detenidos para garantizar su reapertura—, Alberta, Manitoba, Columbia Británica y Windsor.
Asimismo, se reportó la aprehensión de 11 manifestantes más en posesión de armas de fuego, municiones y hasta portando chalecos antibalas en Coutts, en Alberta, luego de que la Policía montada detectara el riesgo ya que estimaban que dicho grupo “estaba dispuesto a usar la fuerza contra la Policía” para mantener su bloqueo.
Durante la revisión de los sospechosos, las autoridades decomisaron 13 armas largas y pistolas con sus respectivos cargadores, así como un machete y tres remolques.
Horas antes, los antivacunas celebraron un pequeña victoria, pues el primer ministro de Ontario, Doug Ford, retiró el requisito de certificado de vacunación Covid bajo la justificación de que esta provincia se encaminaba a una estrategia de reapertura tras superar la oleada Ómicron, con una caída de contagios, y que la mayoría de la población ya está completamente inoculada.
Aseveró que el levantamiento de ésta y otras restricciones sanitarias sería a partir de esta misma semana; sin embargo, debido al riesgo continuarán en lugares públicos como restaurantes, teatros y hasta eventos deportivos.
