En su primera audiencia con motivos de extradición el juez dictó un mes de prisión provisional contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
Dentro del plazo de las 24 horas de su arresto, el exmandatario nuevamente esposado fue trasladado en un convoy especial hasta la Corte Suprema de Justicia local mientras afuera del recinto se reportaron choques entre simpatizantes del partido en el poder Libertad y Refundación y ligados al Partido Nacionalista, que respaldan a quien fue su abanderado y ahora enfrenta cargos por conspirar en una red de tráfico de cocaína desde Su-damérica a Estados Unidos.
Casi cinco horas después de su cita —por un receso—, el magistrado Edwin Ortez, de la misma afiliación política que el buscado por tribunales extranjeros, decretó el plazo máximo establecido de prisión provisional para los casos de extradición, al considerar improcedente un arresto domiciliar, como lo solicitó su defensa alegando que como exfuncionario goza de ciertas prerrogativas, la misma que coordinó su presunta entrega el pasado 15 de febrero.
De acuerdo con el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, dicha resolución garantiza su presentación para el siguiente citatorio, pues la ley “dispone que una vez que se ponga al reclamado en conocimiento de la solicitud de extradición, el juez designado dictará la detención provisional”.
Luego de la lectura de cargos como tráfico de drogas y posesión de armas, los cuales rechazó el exjefe de Estado, el juzgador fijó el próximo 16 de marzo para la nueva audiencia para definir la situación jurídica del político de 53 años; a la espera de la nueva cita será retornado a la base del Comando de Operaciones Especiales (Cobra) de la Policía hondureña, en Tegucigalpa.
Casi un plazo similar tendrá su equipo legal para presentar las pruebas para evitar la extradición solicitada por la justicia estadounidense, pues éstas deben presentarse a más tardar dos días antes de la fecha pactada, pues el actual parlamentario centroamericano calificó las imputaciones de inventos y difamación desde que estaba en el poder.
A la par de la acumulación de evidencia, la autoridad revisará si hay casos judiciales pendientes en contra del exfuncionario en el país, como marca el procedimiento, lo que podría retrasar su entrega hasta que responda por eso delitos, si así corresponde.
De acuerdo con medios locales, en las inmediaciones del inmueble se registraron pequeños incidentes que no pasaron de los empujones y hasta varios objetos lanzados. Por un lado se ubicaron quienes al grito repetitivo de “no estás solo” y “Juan Orlando estamos contigo” externaron su respaldo y solidaridad al exmandatario hasta enero pasado, pues consideran que arresto y proceso son injustos.
Mientras que simpatizantes de la fuerza política de la presidenta Xiomara Castro y que repudian los dos mandatos de Hernández exigen que no haya impunidad contra el político al que tachan de “narcotraficante” y “asesino”, esto en relación con su expediente, pues EU basó su caso en la captura y juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández, quien presuntamente fue su vínculo con el crimen organizado para que cárteles como el de Sinaloa y el líder Geovanny Fuentes financiaran su campaña de reelección, y ahora purga una pena de cadena perpetua por varios delitos.
EU: ES AVISO PARA LA REGIÓN
Luego de la captura del exmandatario hondureño, el senador estadounidense Bob Menéndez aplaudió las acciones del gobierno y advirtió que es el escenario que le espera a otros líderes latinoamericanos ligados al narcotráfico.
Aseveró que tales acciones envían un claro mensaje no sólo a Centroamérica, sino a gobiernos de todo el continente “de que no puedes actuar con impunidad y salirte con la tuya”, esto en relación a los vínculos con otras naciones como Colombia y Venezuela, desde donde se enviaba la droga hacia EU.
Desde que concluyó la gestión de Hernández, el legislador demandó al gobierno tomar acción contra éste, pues fiscalías de Nueva York contaban con suficiente información en su contra.
MAEP