Legisladores demócratas de Estados Unidos alertaron el miércoles sobre lo que aseguran se trata de una creciente evidencia de que el fiscal general de México, un aliado crucial de Washington en materia de seguridad pública, asedia al poder judicial de la nación y se enfoca en abrir procesos contra opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una contundente misiva dirigida el miércoles al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Justicia, Merrick Garland, el senador Bob Menendez, el influyente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y tres de sus colegas hicieron un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que exprese sus preocupaciones directamente a sus homólogos mexicanos.
“El gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno.
“Las labores del presidente López Obrador para impulsar iniciativas de rendición de cuentas legítimas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el Estado de derecho”, se lee en la misiva.
La carta, que sin dudas provocará la molestia de López Obrador y sus aliados, se enfoca en varias acciones cuestionables y en lo que los legisladores consideran “vendettas personales” del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
El titular de la Fiscalía General de la República, aliado cercano del mandatario, llamó por primera vez la atención de los funcionarios estadounidenses después de que el gobierno del entonces presidente Donald Trump desestimó los cargos penales relacionados con drogas en contra del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos y lo envió de regreso a México después de recibir la promesa de que sería investigado en el país.
Pero la pesquisa en contra de Cienfuegos se cerró rápidamente y Gertz Manero más tarde amenazó con presentar cargos en contra de los fiscales estadounidenses, los cuales están acostumbrados a colaborar estrechamente con las autoridades mexicanas en el combate a los cárteles del narcotráfico.
“Les pedimos considerar seriamente el riesgo de un sistema judicial debilitado y politizado en México”, indica la carta, que también fue firmada por el senador por Vermont Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, y los senadores Benjamin Cardin, por Maryland, y Jeffrey Merkley, por Oregon.
López Obrador fue elegido en 2018 tras hacer campaña con la promesa de limpiar la corrupta política mexicana, y le gusta jactarse de su compromiso con la austeridad al viajar en vuelos comerciales.
Pero sus críticos afirman que estas acciones son maniobras populistas y una distracción de la preocupante acumulación de poder, del incumplimiento de sus promesas de campaña y de sus reiterados ataques contra sus opositores, lo que socava el estado de derecho en el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos.
Este domingo, sus simpatizantes tienen previsto darle un nuevo impulso cuando salgan a participar en un referendo sin precedentes en el que decidirán si se le debe permitir concluir su mandato de seis años al frente del gobierno, algo que nunca ha estado en duda y que muchos creen que se trata de un espectáculo.
Los demócratas firmantes de la misiva culpan a López Obrador de atacar públicamente a un juez que falló en contra de sus políticas energéticas, de promover un plan aparentemente inconstitucional para extender el periodo de un juez de la Corte Suprema de Justicia y de plantear el desmantelamiento del máximo tribunal electoral del país.
También expresaron sus preocupaciones por los cargos penales en contra de Ricardo Anaya, un reconocido opositor de López Obrador de tendencia conservadora.
Anaya, quien finalizó segundo en las elecciones presidenciales de 2018, fue acusado el año pasado de lavado de dinero en relación a un supuesto soborno que aceptó a cambio de apoyar una iniciativa de reforma energética. Los cargos se basan en el testimonio del exdirector de la compañía petrolera estatal Pemex, quien asegura que, por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto, pagó a los legisladores para que aprobaran la reforma, incluyendo 525 mil dólares a Anaya.
Algunos han cuestionado la solidez de la evidencia, considerando que el supuesto soborno se pagó meses después de que se aprobó la reforma, cuando Anaya ya había dejado su cargo.
Después de que fue acusado, Anaya salió del país y actualmente vive en Estados Unidos.
López Obrador ha dicho que las acusaciones ajustes de cuentas por los casos contra Anaya y otros opositores son “mentiras” y “falsedades” de sus adversarios políticos para debilitar su presidencia.
Con Gertz Manero al frente, la fiscalía mexicana no ha realizado investigaciones serias contra aliados del presidente, según la misiva. Estas acusaciones incluyen lavado de dinero y violaciones a las leyes de financiamiento de campaña en contra del hermano del mandatario, quien fue captado en video recibiendo una gran cantidad de efectivo de manos de un partidario de su campaña electoral. López Obrador afirma que las contribuciones fueron legítimas.
Los legisladores estadounidenses también acusan a Gertz Manero de promover asuntos personales mientras está en el cargo.
Entre ellos destaca intentar encarcelar a 31 científicos en una prisión de máxima seguridad porque asegura que recibieron indebidamente alrededor de 2.5 millones de dólares en fondos del gobierno hace varios años. En su momento, las leyes permitían dicho financiamiento, y los investigadores aseguran que se hizo buen uso de estos fondos. Los críticos aseguran que estas acusaciones fueron en represalia porque los investigadores se negaron a reconocer las credenciales académicas de Gertz Manero.
En una grabación que se filtró recientemente, también se puede escuchar al fiscal general en una conversación con un colega en la que insulta a un juez de la Suprema Corte de Justicia. En el audio, Gertz Manero asegura que el juez no cumple con sus exigencias de que el máximo tribunal mantenga tras las rejas a una sobrina a la que culpa de la muerte de su hermano mayor, quien murió mientras estaba al cuidado de ella.
Gertz Manero ha reconocido haber recibido por adelantado una copia de una opinión de la Suprema Corte en la que recomendarían la liberación de la sobrina, algo que llamó la atención de muchos por un posible conflicto de intereses.
Pero el funcionario asegura que recibió el fallo del tribunal debido a que estaba tomando acciones en el caso como miembro de la familia del difunto y no como fiscal general.
CEHR
