España denunció un presunto espionaje externo contra el presidente Pedro Sánchez, luego de detectar al menos dos intervenciones en su teléfono, mismo que dejó de usar, y que vinculan con el exterior, sin adelantar posibles riesgos, aunque después matizó que se refiere a que no cumple con los canales para vigilar a ciudadanos o funcionarios.
El gobierno reveló que se detectaron al menos dos intrusiones durante 2021 en el celular del mandatario a través del programa espía Pegasus, destinado a escuchar legalmente conversaciones de presuntos terroristas, pero que ha sido usado por gobiernos y políticos para vigilar a opositores en países como Israel —donde surgió—, México, entre otros.
Se trata de “escuchas ilícitas y externas” y “de gravedad”, sostuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una conferencia de urgencia en La Moncloa por la magnitud de esta intromisión.
Y detalló, según las investigaciones, que la primera filtración de datos personales y confidenciales ocurrió en mayo del 2021, mediante el software del grupo NSO y cuestionado a nivel mundial.
No cabe duda de que es una intervención ilícita (...) Es ajena a los organismos estatales y no cuenta con autorización judicialFélix Bolaños, Ministro de la Presidencia de España
Un mes después se realizó una nueva intervención, periodo en el que también habrían infectado el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde el exterior, lo que abre dudas en torno a la ciberseguridad en el más alto nivel y sobre cuántos integrantes del gabinete han sido vigilados ilegalmente; es decir, sin los registros judiciales correspondientes.
Dicha temporalidad es justo semanas antes del indulto de Sánchez a líderes que encabezaron el referéndum de Cataluña en 2017 y la crisis migratoria en la que un número récord de ciudadanos, en su mayoría menores de edad, irrumpió en Ceuta en plena pandemia ante cierta permisividad de la seguridad marroquí.
Bolaños recalcó que al hablar de filtración externa se refiere a procesos “ajenos a los organismos estatales”, pues no cuentan con aval judicial para tener acceso a llamadas, mensajes, cámara y micrófonos del equipo
Dicha información, obtenida a través del Centro Criptológico Nacional, se revela a unos días del escándalo sobre el espionaje de hasta 60 líderes separatistas, destapado por el grupo canadiense Citizen Lab.
Inicialmente, el espionaje a la oposición apuntaba directamente contra la administración de Sánchez por estar detrás de esos hechos, pero ahora adquiere nuevas dimensiones por el giro ante en el que se evidencia que su gobierno y equipo también fueron vigilados.
Sin embargo, críticos impulsores del independentismo cuestionan la casualidad de que también se intervinieran las comunicaciones del Jefe de Estado, así como la falta de confianza en torno a vigilancia ilegal.
En tanto, el gobierno puntualizó que según la información actualizada sí se extrajo un volumen de información. En el caso de Sánchez presuntamente se obtuvieron hasta 2.6 gigas y 130 megas de datos y nueve megas del equipo de la titular del Ejército, pero sin abundar sobre el tipo de contenido.
Con esta información, España ya retiró hace unos días los teléfonos involucrados en las escuchas y se presentó la denuncia correspondiente ante la Audiencia Nacional para determinar cómo y qué información se obtuvo de dichas intervenciones, advirtiendo que serán “inflexibles con cualquier vulneración de derechos”, pues en cuanto concluya la indagatoria procederán contra los vinculados a esta ilegalidad.
Y agregó “queremos que la justicia investigue para conocer la verdad”, aunque no adelantó una fecha para dar un nuevo corte sobre el caso de espionaje.
lemm.
