Cuba dejó atrás el luto por la tragedia en el Hotel Saratoga y se lanzó contra sus críticos al aprobar un nuevo Código Penal que sanciona a ciudadanos “subversivos” con penas de hasta tres años de cárcel, plan que amenaza también a la prensa.
Mientras cientos de opositores están por cumplir un año en prisión tras las protestas del #11J, el gobierno de Miguel Díaz-Canel endureció su postura contra disidentes al enlistar hasta 37 delitos para evitar que se repitan las multitudinarias protestas en rechazo al régimen revolucionario, entre los que destaca el supuesto abuso de los derechos constitucionales.
La Asamblea Nacional del régimen aprobó en sesión extraordinaria un nuevo Código Penal, presentado por el titular del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, el cual reemplaza a la ley de 1997, al sostener que con ello se evitan actos de corrupción y se protege el sistema socialista, alegando que el ajuste busca garantizar los intereses del Estado, hecho que la oposición ve como un nuevo apretón a las restricciones que prevalecen contra críticos en la nación.
No obstante, la lista de agravios son directamente hacia quien contradiga a la autoridad, ya que entre éstos considera una afrenta proferir insultos, manifestarse, provocar desorden público, difundir noticias falsas y agredir a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esto último hace referencia a las redes sociales e Internet para repudiar y exhibir al régimen, en referencia a los hashtag y convocatorias para las inéditas movilizaciones en las que la población denunció la falta de alimentos y medicinas en la isla y que dejaron un saldo de una persona muerta y más de mil detenidas.
Además, medios opositores alertan que más de 20 delitos podrían ser sancionados con hasta pena de muerte en cuanto entre en vigor el cambio, cerrando el espacio a la oposición, que se ha visto fuertemente asediada en el último año con amigos y familiares recluidos, algunos ya condenados con fiscales a modo hasta 30 años de prisión.
Resaltan que dichas penas aplican para mayores de 16 años, lo que recuerda que decenas de adolescentes siguen recluidos por protestar contra el régimen en las calles o desde sus casas el año pasado, pero prevé cambiar algunas sanciones por prisión domiciliar.
El ajuste legislativo en materia penal también contempla sanciones tres veces mayores contra la prensa independiente, lo que ven como un nuevo intento de censura, y que también recuerda el control que tiene el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Según el Código Penal quien “financie, provea, reciba o tenga en su poder recursos materiales o financieros” para desacreditar al Estado podría recibir 10 años de prisión, lo que pareciera un intento de replicar a su homólogo centroamericano.
Con ello Díaz-Canel busca acotar el espacio del periodismo crítico al incluir como delito que éstos reciban ayuda del exterior, cambio que suena a la política nicaragüense de restringir a organizaciones tachadas de “agentes extranjeros”, mismas a las que ha desaparecido al denunciar que éstas no transparentan sus gastos provenientes del extranjero, mismas que presuntamente buscan desacreditar a su gobierno.
Al respecto, la líder opositora Yoani Sánchez calificó este cambio legislativo como “un código para atarnos a todos”, declaración que acompañó del hashtag #SOSCuba; mientras que activistas y opositores denunciaron que con estas medidas se restringe la libertad de expresión, específicamente las movilizaciones, aunque sean pacíficas, y el periodismo crítico.
Pese a los cuestionamientos, aliados del régimen sostienen que con estas acciones se evitarán más actos subversivos contra el gobierno, luego de que hace unos meses endurecieran las penas contra el supuesto espionaje.