El régimen de Daniel Ortega impuso un nuevo récord en la censura a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) críticas al eliminar 96, 13 más que el pasado 31 de mayo, con lo que suma en menos de una semana 179 disueltas y se acerca a las 500 desde finales de 2018.
Con carácter de urgente, 75 integrantes de la Asamblea respaldaron las órdenes del líder nicaragüense al ratificar la suspensión de la personería jurídica.
Como en casos anteriores, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez señaló que éstas violaron las leyes al no registrarse como agentes extranjeros, esto presuntamente porque reciben dinero de otros países y adelantó que estas acciones continuarán porque son más los grupos que desafían al gobierno.
Dicha estrategia, según el régimen, ha sido repetitiva entre disidentes desde hace años para tratar de derrocar a quien a inicios de años asumió su cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, pese a constantes ataques el gobierno no cuenta con evidencia más que la falta de registros financieros, pues dicen que con ello se oculta la procedencia de sus ingresos.
En la lista de las restringidas destaca la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI), que fue dirigida por Zoilamérica Ortega Murillo, la hija de Rosario Murillo y quien acusó a su padrastro de violación a finales de la década de los 90.
También aparecen el Instituto Nicaragüense de Desarrollo y grupos educativos como la Federación de Asociaciones Profesionales, la Asociación de Educación y Comunicación La Cucumelca y la Asociación Internet de Nicaragua.
Ante la situación que calificaron como “de proporciones nunca vistas”, el partido opositor Unidad Nacional Azul y Blanco adelantó que acudirá a la Cumbre de las Américas para exigir al sector “ejercer acciones de mayor contundencia hacia el régimen de Ortega”, con lo que buscan la liberación de los presos políticos.
Confían en que dicho escenario sirva para cambiar el futuro de la nación centroamericana y consolidar la democracia que les arrebató Ortega.
